El feminicidio, tipificado como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, es el grave problema de violencia de género en nuestro país.

        Para enfrentar este desafío social, en Nuevo León se pusieron en marcha políticas de prevención y acciones de combate desde hace más de dos décadas y hasta este año se han logrado disminuir significativamente las cifras.

        Apenas en el 2024 nuestra Entidad ocupó el segundo lugar a nivel nacional con 55 casos de feminicidio. Pero, para este 2025 la Fiscalía General de Justicia, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, solamente ha reportado nueve casos, aunque lamentablemente se han registrado 75 homicidios dolosos de mujeres.

        Aspectos claves para combatir el feminicidio, son las medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres, estipuladas en el Código Penal para el Estado de Nuevo León y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

        Entre las razones de género que detonan la privación de la vida de una mujer, por lo general están los antecedentes de violencia familiar, la relación sentimental o de parentesco entre la víctima y el agresor, así como la presencia de signos de violencia sexual o degradación del cuerpo.

        Tales factores y causas de la violencia feminicida se manifiestan por la desigualdad, discriminación e impunidad de los hombres hacia las mujeres, pues en muchos de los casos el agresor es la pareja o expareja de la víctima.

        Recientemente, en el Congreso del Estado de Nuevo León, tipificamos el delito de acecho (persecución o vigilancia ilegal) como un delito con penas de hasta dos años de prisión y esperamos que esta medida también coadyuve a prevenir casos de violencia que escalan al feminicidio.

        Con el objetivo de garantizar la justicia y sancionar a los responsables, se aplican protocolos nacionales y estatales para la investigación del feminicidio, así como acciones de respuesta social de organizaciones civiles y colectivos feministas para visibilizar el problema y hacer justicia pronta y expedita.

        En ese sentido, desde el pasado marzo nos dimos a la tarea de promover una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, para que patrones y empleadores otorguen permiso de tres días laborales con goce de sueldo a trabajadoras y trabajadores víctimas indirectas de feminicidio.

        En el marco del Día Internacional de la Mujer 2025, nuestra iniciativa contó con la adhesión de diputadas y diputados de los grupos legislativos de Movimiento Ciudadano y del Movimiento de Regeneración Nacional, en aras de robustecer todo lo que ayude a las víctimas de la violencia feminicida.

        Para efecto de reconocer y proteger derechos en el ámbito de laboral de víctimas indirectas de feminicidio, propusimos que las personas afectadas realicen los trámites, denuncias y gestiones cuando el Ministerio Público federal o estatal lleve a cabo la investigación por un posible delito de feminicidio. 

        Para solicitar y hacer válido dicho permiso laboral, las y los trabajadores deberán dar aviso al patrón o empleador a la brevedad posible, así como presentar la documentación oficial que acredite su calidad de víctima indirecta, conforme al Artículo 4 de la Ley General Víctimas, en el cual se reconoce como víctimas indirectas a familiares o personas a cargo de la víctima directa, que tengan una relación vinculante e inmediata con ella.

        Confiamos en que nuestra LXXVII Legislatura apruebe y remita al Congreso de la Unión el dictamen y expediente de esta iniciativa, para su aprobación y efectos constitucionales. Confiamos, sobre todo, en que las víctimas indirectas no tengan que preocuparse porque les descuenten el sueldo por faltar al trabajo ni por perder el empleo, en virtud de que las actuales disposiciones las dejan desprotegidas en cuanto a la estabilidad laboral que necesitan para atender un asunto particularmente desgarrador en sus vidas.

        Se trata de un reconocimiento ante la carga legal y emocional de un proceso administrativo, por lo regular tedioso tras la pérdida de un ser querido y más por las dolorosas circunstancias que enfrentan las familias. 

    Esta reforma representará por ello, un avance en materia de derechos humanos laborales y cumplir un compromiso por parte del Estado para proteger integralmente a las víctimas indirectas en los centros de trabajo.