Por la falta de verdad y de justicia varias páginas de la historia contemporánea de nuestro México siguen ennegrecidas y ensangrentadas.

     En el transcurso de los diferentes sexenios, los gobiernos en turno no han tenido la voluntad para llegar a la verdad y a la justicia plena.

     Lo anterior, a pesar de amplias investigaciones oficiales para esclarecer los sangrientos hechos ocurridos el 2 de octubre del 1968 y el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México, así como para fincar responsabilidades penales a los autores materiales e intelectuales.

     Ni esclarecimiento de hechos ni fincamiento de responsabilidades es lo que hoy tenemos a más de cinco décadas.

     En realidad ha sido un juego de argucias legaloides, a través de crear fiscalías especializadas y comisiones de las verdades inconclusas, cuyas investigaciones nunca han terminado, ni cumplido con su cometido.

     Los gobiernos han apostado a que el pueblo olvide y siga reinando la cultura de la impunidad.

     Por ello, la búsqueda de la verdad y la sed de justicia siguen y seguirán vigentes tanto por las masacres estudiantiles del ‘68 y del ‘71, como por la mortal desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

     Ante tanto dolor del pueblo por tantos jóvenes asesinados y desaparecidos nos preguntamos ¿qué nos está pasando?

     Igual como ocurrió con la Noche de Tlatelolco y el Jueves de Corpus, la proclama popular de “¡Vivos se los llevaron… Vivos los queremos!” sigue resonando a lo largo y ancho de las calles del país por los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, violentamente desaparecidos.

     “Vivos los queremos” es el clamor de madres, padres, hermanas, hermanos y demás familiares y amigos de los normalistas no localizados. Lo que pasó aquel 26 de septiembre de 2014 no se ha esclarecido, siendo otra página negra y sangrienta de la historia mexicana.

     El primer decreto oficial emitido por Andrés Manuel López Obrador como Presidente Constitucional de la República, el 4 de diciembre del 2018, instruye a establecer las condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer el derecho humano al acceso a la verdad y a la justicia de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa. Asimismo, mediante la firma de dicho decreto se instaló la Comisión de la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa.

     Trascurridos siete años y tres meses de este reciente suceso, hoy continuamos en la incógnita igual como hace 50 años, así como exigiendo la verdad y la justicia para los familiares con el apoyo de sectores activos y organizados del pueblo de México.

     Las heridas siguen abiertas por la falta de verdad y de justicia. Empero, no dejamos de confiar que durante el actual sexenio se termine con la historia oficial de mentiras fabricadas por los gobiernos del pasado, repletas de represión, de corrupción e impunidad.

     La Comisión de la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, que preside el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y en la cual participan representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Organizaciones de la Sociedad Civil y de Padres y Madres de los Estudiantes Desaparecidos, tiene el desafío de saldar la deuda histórica no solamente con las víctimas de Guerrero, sino de todo México.

     Que este nuevo año del 2022 -es nuestra cifrada esperanza- se cumpla el deber con la verdad y la justicia, más aún cuando se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la localización de 43 estudiantes, así como para identificar, localizar, detener o aprehender a los presuntos responsables de los delitos de delincuencia organizada y los que resulten.

     El tiempo pasa y el pueblo se ha dado el cambio con gobiernos de diferentes partidos, ideologías y orientación política, pero la justicia no llega porque no se alcanza la verdad.

Monterrey, Nuevo León, a 4 de enero del 2022.