La destrucción institucional ha marcado este sexenio. Bajo un discurso maquillado de transformación se arrebatan derechos, y aquello que creímos consolidado se desvanece en nuestras manos; hoy la política de la devastación se extiende hasta el órgano pilar de nuestra democracia, aquel garante de soberanía, votos y derechos, que ha logrado cientos de transiciones sin necesidad de conflicto, y que se ha hecho merecedor de la confianza ciudadana. El INE está en riesgo de desaparecer, a lo menos como lo conocemos hasta ahora, y es que la reforma electoral impulsada desde Palacio Nacional, es un proyecto dinamitador que porta en sus fauces el instinto destructor, cercenándolo al punto de la inoperancia.

El fin de la reforma no es el robustecimiento democrático ni solucionar sus problemas, sino el debilitamiento del árbitro, de cara al 2024, la elección más grande que habrá en el país dado el número de puestos en disputa. Se pretende que instituto "funcione" bajo asfixia presupuestal y operativa, configurada por una reducción de 3 mil mdp, un despido del 85% de su plantilla laboral, aunado la responsabilidad millonaria sobre los finiquitos que ello conlleva.

En paralelo se le quitan dientes a la Unidad Técnica de Fiscalización, que ahora se verá imposibilitada para investigar actividades irregulares de partidos y candidatos; se eliminan las Juntas Distritales y los módulos que son los órganos encargados de hacer las funciones del Instituto en lo local; se pone en riesgo el padrón electoral y se reducen los tiempos para capacitar a los funcionarios de casilla que son quienes cuidan y cuentan nuestros votos, afectando la confiabilidad de la elección. Todo en conjunto cumple con el objetivo final: destazar al INE.

El "Plan B" incluye modificaciones a 6 leyes, de las cuales hasta hoy solo se han aprobado dos: cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las restantes se mantienen a la espera de ser votadas en el Senado, aunque ello es inminente. Al tiempo se espera y se convoca a una andanada de recursos legales que combatan la tóxica reforma. Hasta ahora partidos políticos, diputados y senadores de oposición hemos presentado acciones de inconstitucionalidad ante las leyes aprobadas y el Instituto ha interpuesto una controversia constitucional. La Suprema Corte fungirá como la última defensa de nuestra democracia, y deberá asumir su rol como poder protector de la constitucionalidad.

El oficialismo exhibe su porte autoritario, les molesta la democracia y ambicionan el poder absoluto. Ahora toca a los ciudadanos defender la libertad que años, sangre y lucha tomo conquistar, salir a las calles, manifestar el descontento y decirles de frente, al unísono, que su reforma va a caer. Exigir a la Corte que cumpla su papel con independencia y sin sometimiento.

El Presidente va a entender que los fraudes en este país son cosa del pasado, y el único resquicio conservado de ello lo tiene en su gabinete, al frente de la CFE, hablándole al oído; que los que compran votos y abusan de poder para ganar elecciones son quienes los flanquean, amenazando al necesitado con la perdida de la dádiva. Confían en el engaño para prosperar en su intensión, pero ese país al que aspiran retornar ya cambio, conoció la democracia y no habrá marcha tras, saldremos a defenderla ¡Nos vemos el 26 de febrero!