Desafortunadamente, hay momentos oscuros en la historia reciente de nuestro país que han dejado una profunda huella en la memoria colectiva. Hechos como los ocurridos en Acteal, en diciembre de 1997, o en Aguas Blancas, en junio de 1995, e incluso el tristemente célebre Michoacanazo, de mayo de 2009, siguen siendo objeto de análisis, discusión y polémica debido a sus alcances y repercusiones.

Se trata de acontecimientos que ocurrieron al amparo de la opacidad, la impunidad y, en ocasiones, con el consentimiento del Estado, y que tuvieron que ver con la violación sistemática de los derechos humanos y de las garantías individuales de las y los mexicanos.

Hace trece años, el Senado de la República emitió un punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal informara sobre la existencia y operación de los llamados escuadrones de la muerte en el país; sin embargo, la respuesta oficial fue negar la existencia de éstos, pese a las numerosas pruebas y los testimonios de dominio público.

Aquella negativa me motivó a realizar un estudio a profundidad que se convirtió en el libro Escuadrones de la muerte en México, en el que documenté la manera en que el Estado había perdido el monopolio del uso legítimo de la fuerza, dando pie a la proliferación de grupos paramilitares que operaron en la más completa impunidad, sin que el Gobierno tuviera control sobre ellos.  

Hoy, sin embargo, las condiciones son las opuestas. Una muestra de ello es la creación de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, un mecanismo de control parlamentario frente al Poder Ejecutivo federal.

Se trata de un órgano del Congreso de la Unión, creado a partir de la Constitución como mecanismo de control constitucional, con el objetivo de analizar y emitir recomendaciones respecto al uso de la facultad conferida al titular del Poder Ejecutivo sobre el uso de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.  

Ya emitimos los indicadores para la evaluación del informe que enviará el titular del Ejecutivo federal, y que serán el marco de referencia para cumplir con nuestra función de control parlamentario. Éstos se basan en diversos rubros, entre los que destacan los relativos a la construcción de la paz; la recuperación de la seguridad pública con la presencia de la autoridad; las funciones, el despliegue y la operación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, y los resultados de la participación de aquélla, en auxilio de la autoridad civil y subordinada a ésta.  

El reto de esta Comisión es grande, ya que todos queremos contribuir a que el país esté en mejores niveles de tranquilidad y de confianza, incluidas las instituciones de seguridad pública y, en especial, las fuerzas armadas encargadas de la paz y la seguridad.

El próximo martes 30 de mayo recibiremos por primera vez el informe que presentará el Ejecutivo federal. Tendremos también la comparecencia del gabinete de seguridad, que rendirá cuentas sobre el uso de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

La presencia de la secretaria y los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, de Gobernación, de Marina y de la Defensa Nacional ante una Comisión Bicameral representa un ejercicio de rendición de cuentas de la mayor relevancia. Como nunca, estaremos a la altura de lo que nuestro país y la ciudadanía demandan y esperan de las legisladoras y los legisladores que la integramos. Esto nos obliga a actuar con la más alta responsabilidad, y así lo haremos para beneficio de México.

Correo electrónico: ricardomonreala@yahoo.com.mx