Hace unos días, el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen que reforma la Ley General para Niños, Niñas y Adolescentes, en materia de pensiones alimentarias, que bien podría ser ejemplo para otros países. Entre otras acciones, establece la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, en el que se concentrará la información de todas las personas deudoras de pensiones alimenticias, es decir, aquellas que incumplen con la responsabilidad de proporcionar alimentos a las infancias, tal y como lo establece la Constitución en materia de derecho familiar.

Este hecho es inédito y muy necesario, además de un acto de justicia a favor de las niñas, los niños y adolescentes de nuestro país, pues la legislación mexicana da con esto un importante paso en la protección de los derechos de todos ellos, al sustentarse la reforma en la obligación del Estado de proveer los instrumentos, acciones y políticas necesarios que garanticen el derecho al desarrollo óptimo de las infancias en todos los ámbitos.

Ha llamado la atención que quienes estén considerados como deudores en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias estarán sujetos a varias restricciones —las migratorias, por ejemplo—, que incluyen el impedimento para presentarse a candidaturas a puestos de elección popular; participar en procesos de selección para jueces y magistrados; adquirir derechos reales; trasladar dominios o incluso obtener pasaportes, licencias y credenciales para votar.

Es necesario que hagamos una reflexión en torno a los demás alcances que tiene la reforma a esta ley, sobre todo para las mujeres, ya que históricamente ellas asumieron la carga económica de la crianza de las hijas e hijos.

A este respecto, de acuerdo con el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (Renda), base de datos creada en 2011 y actualmente bajo la responsabilidad de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), en México, el monto total de la deuda alimentaria, al 31 de agosto de 2021, ascendía a más de 30 mil millones de pesos.

Tal situación se agrava con la falta de igualdad de oportunidades laborales para las mujeres, lo cual también ha ocasionado que muchas veces no tengan acceso a empleos bien remunerados o a jornadas laborales flexibles, que les permitan conciliar su vida laboral y familiar.

El derecho a la pensión alimentaria para las infancias es una herramienta fundamental para garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan crecer en condiciones dignas, pero también contribuirá a que las mujeres puedan ejercer su derecho a la igualdad de oportunidades laborales, al reducirles la carga económica que históricamente se les ha impuesto en el ámbito de la crianza.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), en México existen alrededor de 14 millones de hogares encabezados por mujeres. De éstos, el 36 por ciento se encuentra en situación de pobreza, y el 21 por ciento, de pobreza extrema; por eso, cuando se produce una separación o divorcio, las mujeres, las hijas y los hijos son quienes más sufren las consecuencias económicas.

Recordemos que las mujeres suelen ser las principales cuidadoras de hijas e hijos en la mayoría de las familias y, en muchos casos, también se convierten en las principales proveedoras de los recursos económicos del hogar.

Con esta ley innovadora y de avanzada se estará garantizando el acceso pleno a la pensión alimentaria para las infancias, y contribuyendo a reducir la brecha de género en términos económicos, al garantizar que las mujeres tengan acceso a los recursos necesarios para mantener a sus hijas e hijos. Asimismo, se contribuirá a reducir la violencia de género y la vulnerabilidad económica de mujeres, niñas, niños y adolescentes, pero sobre todo a tener un México sin deudores alimentarios.

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