Hace unas semanas visité San Quintín, Baja California, una ciudad joven en donde la mayoría de la población percibe ingresos del campo, una de las pocas fuentes de trabajo. Allí me encontré con Justino, un líder jornalero, quien me dijo: "un hoyo no tapa otro hoyo", refiriéndose a que la reforma a la Ley Federal del Trabajo —en la que se prohibió que jóvenes de entre 15 y 18 años laboraran en el campo, al considerarse como una actividad peligrosa— generó más problemas que soluciones.

Justino, al igual que las madres y los padres de familia con quienes me reuní, entendían que la reforma intentó alejar a menores de edad de actividades que les representaran un riesgo y que, a la vez, facilitaran su explotación. Sin embargo, junto con sus hijas e hijos, experimentaron en carne propia las consecuencias de implementar políticas públicas desde el escritorio y no desde el territorio.

En palabras de Lucila, una líder indígena de la región, la separación entre la técnica y la realidad causó efectos secundarios nocivos: las y los jóvenes se convirtieron en presas fáciles para la delincuencia. En su experiencia, por ejemplo, haber trabajado en el campo le permitió que sus hijas fueran a la universidad. Es cierto, encontrar el balance es difícil, pero no por ello quienes legislamos podemos permanecer indiferentes ante las dificultades que las propias leyes pueden causar a la sociedad, especialmente a las personas más vulnerables.

Admito que la prohibición legal para que las y los jóvenes laboren en el agro puede generar daños colaterales que afecten la vida de las familias del ámbito rural, especialmente en el contexto que experimenta el país, dada la espiral de violencia que se desató desde 2006.

Con esto en mente, la semana pasada en el Senado de la República aprobamos reformas a la Ley Federal del Trabajo, que permitirán el acceso de las y los adolescentes a actividades del sector agrícola que no representen peligro.

El problema con la redacción de la ley antes de estas reformas es que no establecía distinción entre las diferentes actividades que conforman la agricultura, asumiendo que todas implican un riesgo para la seguridad o la salud de las personas menores de 18 años. Sin embargo, se debe saber que no es así, pues de conformidad con la Organización Internacional del Trabajo, la participación de menores en algunas de ellas puede ser positiva, ya que favorece la transferencia de conocimientos, usos y costumbres entre generaciones familiares, además de convertirse en un factor que beneficia su seguridad alimentaria, en especial las labores relacionadas con los cultivos familiares, la pesca a pequeña escala y la ganadería.

Estos cambios legales también deben estar acompañados de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las y los campesinos, independientemente de sus edades. Pensando en ello, recientemente publiqué el libro Otro campo es posible, en el que propongo garantizar la seguridad jurídica; introducir en el campo un sistema obligatorio de seguridad social, que provea salud y retiro digno a las y los productores rurales; transitar a una agricultura digital, y promover mayor acceso al crédito.

Justino tiene razón, un hoyo no tapa otro hoyo. Yo añadiría que, cuando se está dentro de un hoyo, el peor error para intentar salir es seguir cavando. Por eso, los cambios aprobados en el Senado de la República están encaminados a corregir los errores cometidos en el pasado, a construir condiciones de mayor igualdad y justicia en el campo mexicano, así como a atender las principales demandas del sector en todos los estados de la República.

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