El martes 6 de diciembre, la Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que era un fracaso más que anunciado.

Lo que el Presidente proponía era desaparecer los organismos electorales estatales y centralizar todo, incluyendo la justicia electoral; que las consejeras y consejeros del INE se elijan a partir de propuestas del gobierno (léase Morena) y que los ayuntamientos, congresos estatales, la Cámara de Diputados y el Senado se elijan por listas de partidos: todos plurinominales, pues.

Toda la oposición votó en contra, y del bloque oficial hubo un voto negativo y una abstención. Con eso bastó para enviar al basurero de la historia el proyecto del régimen.

La reacción del Presidente, también más que anunciada, ocurrió el mismo día: de inmediato envió a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de reformas electorales, en esta ocasión a leyes secundarias, al que el mandatario llamó “Plan B”.

Lo que ocurrió la tarde y noche del martes y la madrugada del miércoles fue un auténtico espectáculo de servilismo legislativo.

La mayoría oficialista promovió un receso para que las comisiones de la Cámara “estudiaran y analizaran” el documento de más de 300 páginas y mágicamente en un par de horas aprobaron lo que normalmente, de forma ética, responsable y seria, llevaría semanas, quizá meses.

Cuando se reanudó la sesión para someter el “dictamen” a votación del Pleno, ya quedaba claro que lo enviado por el presidente no era un plan “B”, sino un plan “V”, con V de venganza, V de vileza, V de vergüenza.

Venganza, porque la mal llamada reforma electoral a las leyes secundarias es en realidad una intervención en la organización y funcionamiento interno del INE, al que el gobierno y los diputados oficialistas quitaron funciones esenciales, despojan de recursos y patrimonio y removieron personal de un plumazo, incluyendo al secretario ejecutivo, a pesar de que fue electo según la Constitución.

Vileza, porque le quita al INE y a los tribunales electorales la posibilidad de cancelar registro o candidaturas a los partidos o a los candidatos que reiteradamente violen las leyes, lo que evidentemente beneficia a la adelantada y los adelantados del régimen, que ya están descarada e ilegalmente en plena campaña anticipada.

Vergüenza, porque en el colmo del descaro, Morena accedió por petición del PVEM y el PT, a cambiar las leyes para que las alianzas puedan “transferir” votos entre sus integrantes para que los partidos rémoras puedan conservar sus registros, lo que hace más de una década está prohibido por la SCJN, ya que pervierte la voluntad popular y viola los derechos ciudadanos.

La infamia se consumó en la madrugada, con los votos oficialistas.

En el colmo de esta Triple V, el secretario de Gobernación y uno de los beneficiarios de la “reforma”, Adán Augusto López, ha salido a decir que “ya se dieron cuenta” de la inconstitucionalidad que aprobaron. Y reconoció que habló con los dirigentes legislativos de Morena para hallar la forma de “corregir” el lamentable documento.

Más servilismo no puede haber. Un servilismo que combatiremos en los tribunales porque no podemos cruzarnos de brazos ante la destrucción de nuestra democracia por un régimen que busca ganar elecciones a la mala amañando la ley y sometiendo a las instituciones.

Coordinadora Nacional de Enlace Político de Movimiento Ciudadano