En México, la posibilidad de no quebrantar la Constitución ha sido sólo una quimera, que se inicia con la postergación de los derechos del trabajador que se regularon hasta 1931 cuando se promulgó la Ley Federal del Trabajo, y durante la gestión de Gustavo Díaz Ordaz (1964-70), cuando Alfonso Martínez Domínguez intenta la reelección de diputados a la que se opuso Carlos Alberto Madrazo desde el interior del partido gobernante, teniendo la osadía más tarde de pedirle a Díaz Ordaz el retiro de la candidatura a la presidencia de la República de Luis Echeverría, y a cuya iniciativa se resistió  el general Manuel García Barragán, aduciendo que la continuidad del sistema sufriría un inminente riesgo de desasosiego social, que finalmente –más tarde- Carlos Salinas de Gortari no lo ve en los crímenes políticos del candidato Luis Donaldo Colosio, su reemplazo por Ernesto Zedillo y la eliminación de Francisco Ruiz Massieu de los cuadros con que gobernaría el candidato sustituto. Esto, ante la opinión de Jorge Carpizo de que una extensión extraordinaria del mandato de Salinas equivaldría a dar un golpe de Estado so pretexto de concluir las reformas estructurales pendientes, al lado del agotamiento de las reservas del Banco de México.

     Y en esta relación concatenada  de cambios a la Constitución que alejan por completo las reivindicaciones populares de la Revolución, también deben añadirse las medidas expropiatorias asumidas contra las compañías petroleras por rehusarse   a aceptar el arbitraje de los tribunales mexicanos, las dos etapas de modernización  que incluye la de Salinas de Gortari (1988-94) hasta el extremo en que tumbó las cercas del ejido para que los campesinos comprometieran en garantía la producción alimenticia y las tierras propiedad de la nación, arrastrando en esta actitud gubernamental el regreso de la banca expropiada por el abuso de la libertad cambiaria. Lo cual, junto con otras reformas que favorecieron la reducción de los miembros de las sociedades anónimas que permitirían aportaciones monopolísticas, le dan en su conjunto un significado especial al proceso de la concentración de la riqueza en favor del capital financiero. Pero, sobre todo donde, como dice Maitland: el individualismo que disuelve la compañía  en los accionistas que la integran no se detendrá en esa hazaña, ni en que el Estado posea una verdadera voluntad, que no ofrece  seguridad si ningún otro grupo puede tener voluntad propia y hacer lo que le plazca sin que se le controle.             

              En efecto, escribe Federic W. Maitland: “(…) Hay algo que repugna a los espíritus racionales en la atribución de dolo o similar a la persona ficta, carente de cerebro. El derecho  daría mal ejemplo  si sus ficciones fueran capaces de delinquir.  Pero, pese al Digesto y pese a la autoridad del Papa Inocencio, la práctica de tener por responsables de delito a las comunidades -dice Gierke-  estaba profundamente arraigada en Alemania para poder ser desterrada. (…)  Nos ayudó a superar esta dificultad la amplísima regla de responsabilidad de los empresarios que impera entre nosotros y que es mirada por algunos de nuestros vecinos con envidia. Si un empleado de Styles , actuando en el ámbito de sus funciones, causa un daño, Styles es responsable:… la corporación sería responsable…Siendo esto así podemos decir que la corporación  sería responsable si el acto injusto fuera hecho u ordenado  por su consejo de administración o por la junta general de sus miembros … Si decimos que la corporación ha actuado por sus órganos, como un hombre actúa mediante su cerebro y su mano, entonces la corporación es responsable; pero el resultado puede ser muy diferente si reducimos a los consejeros al nivel de empleados o agentes. Por lo tanto, por una simple frase; y ahora el término órgano aparece en el Código Civil alemán, lo cual constituye un triunfo no pequeño del realismo” (Intr. a Historia de las ideas políticas de la edad media, de Otto Von Gierke).

      En realidad, la coyuntura en que se encuentra el país después de 70 años de dominio político del PRI como partido único, de alternancia política con las fuerzas conservadoras de Acción Nacional que históricamente sólo tiene en común las movilizaciones de acción nacional, surgidas en Europa con el fascismo en el ascenso de Benito Mussolini y Adolfo Hitler, y el recambio al retorno de Enrique Peña Nieto (PRI), supone una gestión gubernamental en la que Vicente Fox, Felipe Calderón y desde luego, también Enrique Peña Nieto, pretendieron acabarse todos los recursos del país permitiendo una convivencia sin sobresaltos. Por una parte, los empresarios ligados con Acción Nacional  encontraron en el gobierno la solución a sus problemas de financiamiento durante una crisis recesiva que se prolongó por dos sexenios, y durante el gobierno de Peña Nieto continuó con los mismos aliados, aunado a la desventaja de que los colaboradores que acompañaron al gobierno quisieron llevarse a sus casas lo poco que quedaba del país, hasta el extremo en que el robo de las gasolinas fue el atractivo de la privatización  intermitente en permisos y concesiones.

     De tal manera que a Andrés Manuel López Obrador no le quedó otra alternativa que reducir sueldos y reducir la planta administrativa, en la que encontró acomodo el sector de la iniciativa privada desplazada por el estancamiento, como si no hubiera sido suficiente abrir las puertas del gobierno para los desocupados de la contracción económica. Por esta razón, la bandera contra la corrupción de Andrés Manuel López Obrador, no puede dejar ajena la acusación de Alfonso Ramírez Cuellar (MORENA) en contra de Yeideckol Polensky  por el gasto de 900 millones de pesos que pagó en nombre de su partido, por la compra de inmuebles y mantenimiento a una empresa en la que aparecen sus hijos como socios. La corporación no es una ficción y todas las agrupaciones como los sindicatos y partidos tienen que dar explicación de estos recursos públicos; y ciertamente la movilización de Morena no es de su expresidenta, como tampoco es un fideicomiso para justificar contribuciones en copropiedad.