La sociedad civil organizada es un elemento indispensable para la democracia, porque cumple funciones sustantivas como contrapeso y auditor del poder: desde revisar la acción del gobierno hasta visibilizar e inscribir demandas sociales importantes en la agenda pública, sobre todo aquéllas que encuentran resistencias mediante los canales tradicionales, como los partidos políticos.

Muchas conquistas legales e institucionales de los últimos años, así como la ampliación de derechos, no se entienden sin la presión y participación de la sociedad civil. La despenalización del uso recreativo del cannabis, el reconocimiento de los derechos políticos de distintos grupos minoritarios y vulnerables, o los mecanismos institucionales de protección de periodistas y defensores de derechos humanos son sólo algunos ejemplos.

Las causas, los objetivos y las actividades de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) son tan diversas como la sociedad misma: algunas están comprometidas con agendas muy específicas, como los derechos sexuales y reproductivos o los derechos digitales, que promueven a través del litigio estratégico; otras se encargan de ofrecer servicios a distintos sectores de la población, como formación y capacitación; atención médica o asesoría jurídica gratuitas; o incluso protección y alojamiento para personas en situación de vulnerabilidad, como las y los migrantes.

Los avances en algunas áreas, como la transparencia gubernamental y el acceso a la información pública, también han recibido un impulso incuestionable de la sociedad civil. La función que desempeñan algunas organizaciones en el monitoreo del ejercicio de recursos públicos por parte de las autoridades, por ejemplo, ha permitido no sólo tener instituciones cada vez más transparentes, sino también detectar irregularidades y acciones indebidas.

Con todo ello, en nuestro país la incipiente consolidación de la sociedad civil no ha estado exenta de retos. Naturalmente, la función de la sociedad civil de observar, vigilar y evaluar el desempeño de las autoridades, así como de abanderar exigencias ciudadanas en temas sensibles, muchas veces genera tensiones con los gobiernos.

No obstante, precisamente por la misma razón, también se han logrado construir sinergias exitosas, como en el caso de los refugios para mujeres víctimas de violencia. En su mayoría, la operación de estos centros, que hasta antes de 2019 recibían transferencias de recursos federales, está a cargo de OSC. En el mismo sentido, la sociedad civil desempeñó un rol determinante en la construcción de normas e instituciones en materia de combate a la corrupción, como la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (2015), en la cual, la representación de las OSC ocupa un lugar central.

Quizá la principal ventaja con la que cuenta la sociedad civil organizada es su capacidad para agrupar a personas de distintos sectores sociales en torno a causas legítimas y; a partir de ello, articular acciones concretas que se traduzcan en la satisfacción de demandas ciudadanas que no siempre logran atenderse a través de mecanismos gubernamentales.

Hoy, frente el intento de cooptación de las instituciones que dan fuerza a la democracia en México, se debe replantear la cooperación entre la sociedad civil y los partidos políticos comprometidos con dicho marco institucional. Los partidos, por una parte, pueden ofrecer a las OSCs mayores espacios de incidencia en la toma de decisiones y las OSCs, por otra parte, pueden ayudar a los institutos políticos a profundizar sus lazos con la sociedad. De cara a los desafíos que enfrenta nuestra democracia, es tiempo de promover una alianza que nos permita sumar fortalezas para defender lo construido; pero, sobre todo, para seguir construyendo juntos, en beneficio de las personas.