Los legisladores sabíamos de la necesidad de perfeccionar la figura de la subcontratación laboral conocida como outsourcing.

Desde el inicio de este gobierno se estigmatizó dicha figura y se presentaron diversas iniciativas en la materia.

Tratando de encontrar cómo proteger a los trabajadores, cómo facilitar la creación de empleos y cómo generar —desde la autoridad— instituciones que velaran por mejores condiciones laborales, llegamos a una reforma y ahí empezó el problema. Se hicieron adecuaciones normativas con plazos imposibles de cumplir.

Al partido mayoritario no le importaron las demandas de empleadores y trabajadores. Aprobó un proceso de registro que ni las propias instituciones del gobierno han sido capaces de atender.

El 23 de abril de este año, se publicó esta reforma que modifica ocho leyes. En los artículos transitorios se dispuso que para las empresas que prestan servicios especializados o que se encuentren bajo el régimen de subcontratación, entrarían en vigor estas modificaciones el 1° de agosto.

Se los dije en la Comisión de dictamen y se los dije en el Pleno: el plazo era insuficiente. No había forma de cumplir con el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sobre todo, porque colisionan instancias como el SAT, el IMSS y el Infonavit en este proceso.

Poner plazos que no se van a cumplir y que generarán desempleo, es una irresponsabilidad que advertí cuando se estaba debatiendo este tema, pero en el partido mayoritario de Morena no quisieron escuchar. Qué falta de sensibilidad, pero sobre todo, qué falta de visión a favor del pueblo de México.

El gobierno no ha podido fomentar la creación de empleos, sino al contrario, pareciera que hace todo lo que está a su alcance para perder los que hoy se tienen. Cuando el presidente López Obrador inició su mandato había 9 millones de personas en pobreza extrema, se estima que, al término de este año, habrá más de 18.3 millones. Así como se lee, en estos tres años de gobierno, habrán duplicado el número de personas en pobreza.

Estas son las decisiones que marcarán lamentablemente a la administración de López Obrador. Desde el Legislativo, la subordinación total al régimen provoca que hoy el gobierno y Morena quieran resolver el problema con un curita, cuando se necesita una cirugía mayor.

A casi tres meses de la entrada en vigor de la reforma, en el gobierno se dieron cuenta —como se los advertí— que sus cálculos estaban mal. Prueba de ello es que esta semana Morena presentó una iniciativa para que las disposiciones fiscales y del registro de empresas de subcontratación entren en vigor el 1° de septiembre y no el 1° de agosto como originalmente estaba señalado. Así es, como se lee, la respuesta a este terrible problema es ampliar el plazo solamente un mes.

Consciente de la necesidad de proteger a empleados y empleadores, presenté a nombre de diversos Grupos Parlamentarios, una iniciativa para que la entrada en vigor sea en enero del próximo año, tratando así de evitar la pérdida de millones de empleos.

No escuchar a las cámaras, a los empleadores, a los trabajadores, a los legisladores de oposición y seguir aferrados a su capricho, será una irresponsabilidad. Ojalá exista sensatez por todos los involucrados en el gobierno. Ojalá le hablen claro al Presidente de la República y éste entienda que es necesario corregir su error. Veremos.