El (real) secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Andrés Manuel López Obrador, en voz de su operadora Rosa Icela Rodríguez, habló sobre la agenda para la seguridad en 2022. Uno de sus objetivos principales es bajar los homicidios dolosos y los feminicidios, lo cual es muy importante, considerando que la cifra acumulada hasta diciembre ascendía a más de 108 mil homicidios. Declaró que ya están sentadas las bases para atender la violencia y las causas que generan la inseguridad en el país. Me gustaría entender mejor a qué bases se refiere el gobierno federal dado que en los tres años de esta administración no hay ninguna evidencia de que se haya construido algo encaminado a detener la escalada de violencia. Es grosero, por no decir que de risa, que se nos diga que mágicamente ya cuentan con capacidades suficientes y que, en este año, por fin están listos para traer la paz al país sin presentar al menos una estrategia con planes e indicadores.

Tan dolorosa la violencia homicida que no vale la pena elaborar sobre la inexistencia de la estrategia inexistente, pero, además, entre las propuestas de la secretaria, no hay nada que nos dé esperanza. Al contrario, tienen una agenda de militarización que cada vez se profundiza más. Muestra de esto, es que pide a los senadores de Morena apoyar la reforma constitucional para transferir la Guardia Nacional a Sedena, cuando el acuerdo en el Senado en la anterior reforma en 2019 fue precisamente que se quedara en la SSPC con un mando civil y que se capacitaran para resolver conflictos entre ciudadanos porque la gran mayoría de los delitos son del fuero común.

Al paquete de seudopropuestas, se le sumó la idea de que los recursos que se encuentran en cuentas incautadas y congeladas, supuestamente procedentes del crimen organizado, se usen para equipar a las policías estatales y municipales. Irónico porque son estas policías a las que más se ha descuidado, no hay una sola estrategia para fortalecerlas y este anuncio parece solo propaganda.

Primero, porque llevamos dos años sin Fortaseg, fondo federal que servía para transferir recursos a 300 municipios para apoyar a sus policías, y el FASP, destinado a las policías estatales, está prácticamente estancado. Segundo, esos recursos no podrían utilizarse dado que está en un proceso de juicio, y hasta que no exista una sentencia no debería el gobierno meter las manos en lo que no es suyo. Tercero, la ley de lavado de dinero abrió la puerta a esa posibilidad, pero si no se logra demostrar que ese dinero era ilícito, ¿quién se hará cargo de reponerlo? Finalmente, esto es ofensivo para los policías. Confirma, una vez más, que no hay un plan de desarrollo institucional con recursos etiquetados, sino un desprecio a las policías, apartándolas del presupuesto y colocándolas en el a ver cuándo y cuánto se logra incautar al crimen organizado y entonces administrar, como se pueda, lo que se tenga. En resumen, el gobierno que recorta presupuestos para las policías, ahora nos vende que las va a fortalecer con recursos indefinidos.

Así pues, una vez más se deja evidencia que el manejo de la seguridad es un cúmulo de ocurrencias que se lanzan al calor de un informe legislativo. Y no, la agenda de seguridad no debe, no puede ser, una libreta de apuntes. La realidad es que no hay bases para abordar la violencia homicida, y que no tienen idea de qué hacer para proteger a los mexicanos. Difícilmente puede uno encontrar antecedentes para tanta irresponsabilidad.

La incógnita es, ¿qué sucederá en 781 días, cuando las Fuerzas Armadas por mandato de ley dejen de hacer labores de seguridad pública? Que la paz no habrá llegado al país, que los militares y marinos estarán más desgastados que nunca y que el crimen organizado seguirá feliz feliz.