El año está por terminar, pero ha iniciado la segunda mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en tres años logró construir los cimientos de una transición política pacífica y sin parangón, poniendo en el centro del desarrollo social, económico y político a las personas menos favorecidas, a quienes por años se les ignoró. Sin embargo, se avizora una recta final difícil, en la que los esfuerzos tendrán que ser multiplicados para poder concretar el proyecto por el que más de 30 millones de votantes se pronunciaron en 2018.

Muy pocos líderes han perseverado tanto para lograr hacerse del poder político como Andrés Manuel López Obrador. En su primer intento por ser presidente en 2006, ganó la elección, pero los poderes fácticos impidieron su reconocimiento. En 2012, el dinero y la acumulación de intereses impusieron a su candidato y reinstalaron a la cabeza del país a quienes construyeron el viejo régimen. En 2018, las condiciones estaban dadas para lograr un triunfo arrollador y contundente de quien había mantenido su lucha y su reclamo en la calle, en el territorio, pisando tierra.

Han sido tales la esperanza y la expectativa de un proceso profundo de transformación, que el sexenio parece fugaz, y su conclusión, acelerada; el presidente López Obrador lo sabe y entiende con meridiana claridad. Ha fijado las bases para el cambio de régimen, pero no ha consolidado este proceso.

Aunque se ha conseguido pavimentar la primera mitad del camino, el gobierno del presidente AMLO no termina por construir su ideal político de recuperar la rectoría casi exclusiva del Estado en materia energética; elevar o incorporar la seguridad pública civil a un cambio constitucional, otorgándola al mando militar y recomponiendo la estructura electoral a un modelo ciudadano neutral. Tres grandes reformas pendientes cuyo cumplimiento requerirá de un consenso político que, dada la cercanía de las elecciones de 2022 y la conformación del Congreso, será, al menos, complicada, aunque se puede lograr.

Por eso, el gobierno del presidente está obligado a iniciar en sus últimos dos años de ejercicio real una reconciliación con sectores que ha tenido a distancia o sostenido diferencias. Con el sector político que, aunque integrado por una oposición débil, resulta necesaria para la celebración de acuerdos en este tramo por venir.

Lo mismo con los sectores económico e inversionista nacionales y extranjeros, sin soslayar, además a los grupos del ámbito académico y científico, lo mismo que a la clase media.

Su prioridad estos primeros tres años fue articular la política social y organizar en territorio a cuadros, dirigencias y simpatizantes que le permitieran asegurar en 2024 la continuidad del proceso de transición política que el país atraviesa, acciones que han resultado exitosas, tal y como demuestran los triunfos electorales de 2021 y el que se vaticina para Morena en 2022.

Lo que seguramente también cuidará de aquí en adelante será la unidad del movimiento que fundó. De sobra sabe que allí radica el éxito de la continuación del proyecto político. Por eso, transitará hacia la reunificación de gobernadoras y gobernadores; estrechará los vínculos con gobernantes afines, pero es casi un hecho que el resto, dada la condición política del país, no le será hostil para el desempeño y dirección de su mandato.

En adelante, su mayor preocupación política será la conducción de la sucesión anticipada, orientando y transmitiendo su decisión y preferencia que, de no cuidarse,  garantizando un proceso de selección transparente, ordenado y democrático, hará vulnerable lo que hasta ahora parece inquebrantable: el movimiento que después de más de cien años pudo iniciar la primera transición política del país para cumplir, finalmente, las promesas que otros dejaron a la deriva.

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