En 2018 millones de ciudadanos vieron con esperanza la transformación prometida por López Obrador, con sus banderas de acabar con la corrupción, la violencia y la pobreza. Sin embargo, prometer fue fácil, lo difícil ha sido cumplir. En el último año de gobierno, el presidente no podrá presumir ningún logro en términos de seguridad y justicia; el balance al término de 2023 es negativo y la tendencia indica que el próximo año será peor.

Este año hubo un aumento en los índices delictivos; entre otros se puede enumerar el delito de de trata, violencia familiar, secuestros principalmente de migrantes y un crecimiento exponencial en cobro por derecho de piso. Un impuesto criminal que afecta desde a quienes venden verduras, frutas o pollo en los mercados, hasta los comercios de todo tipo. Hay muchísimas alcaldías donde no queda empresa legal grande o pequeña, irregular o informal que no pague a quienes viven como hongos de su esfuerzo. Por supuesto, la impunidad en este delito es del 99.78% propiciada por la impunidad, el miedo de los ciudadanos a los criminales y la desconfianza a la autoridad.

En cuanto a los homicidios, si bien las cifras han ido ligeramente a la baja durante el sexenio, no existe una explicación general. Como ha sostenido Causa en Común, en varios estados los datos se manipulan o las instituciones son incapaces de registrarlos correctamente. También puede deberse a otros factores como un gobierno local eficaz o a un grupo criminal dominante e incluso a una mezcla de factores.

Lo más preocupante en el año fue el aumento del número de atrocidades que se cometen y la crueldad a la que muchos ciudadanos se han mal acostumbrado sin inmutarse. En total en Causa en Común han identificado al menos 6 mil atrocidades hasta principios de diciembre, 22% más que en 2021. Ejemplos como la masacre de los cinco jóvenes estudiantes de Celaya y revictimizados por el presidente, abundan en el país. Además, son cada vez menos las organizaciones civiles y académicos que se atreven a exhibir el fracaso en seguridad y justicia. Las manifestaciones públicas exigiendo seguridad y justicia son también escasas. En el mejor de los casos cuando la violencia es de tal magnitud que es imposible no verla, las redes sociales se activan indignadas unas cuantas horas para luego desaparecer ante cualquier nota superflua del presidente. El Ejecutivo resultó malo para gobernar, pero eficaz para manipular la comunicación a su antojo.

Con este panorama en inseguridad e impunidad, aunada a la polarización y el deterioro de la democracia, los ciudadanos votaremos las elecciones más grandes y complejas de la historia del país a mediados del 2024. Todo esto hace que se avecine un año interesante y difícil.

Ante los enormes retos que tenemos en seguridad, sin duda el mayor será el proceso electoral, no solo en la protección a los candidatos y el operativo para garantizar la seguridad el día de la jornada, sino por la necesidad de blindar el proceso de la intervención del crimen organizado en la imposición de candidatos o la cooptación de estos. Además, como hemos constatado en anteriores procesos, las elecciones tienen un impacto en la incidencia de la violencia homicida, posibles actos de terrorismo y de atentados contra la autoridad. Encima, está latente la posibilidad de que la cúpula del Ejército se politice (más) a favor del partido en el gobierno, lo que debe ser un riesgo que considerar.

Por lo pronto hagamos todo lo que este en nuestras manos por construir un mejor país. Aprovecho para desearte a ti y a tu familia muy felices fiestas, esta columna regresa el 6 de enero. (Colaboró Nancy Angélica Canjura Luna)