El gobierno López Obrador cumplirá esta semana tres años con un sistema de salud sometido a sobresaltos y de efectos desastrosos sobre el abasto de medicamento, entre otros rubros. Si no hay cambios de última hora, en las próximas semanas el sector experimentará un nuevo viraje, con resultados inciertos.

De acuerdo con información confiada a este espacio, se consolidará el propósito de encomendar al Ejército la tarea de distribuir medicamentos. Para ello se utilizará el incipiente sistema de la paraestatal Birmex, confiada desde septiembre de 2020 a Pedro Zenteno, un político cercano a Palacio que ya había tenido una controvertida trayectoria en el IMSS y el ISSSTE. Él acumularía su tercer cese en este ámbito, pues será relevado por un militar.

La propuesta desde la Secretaría de la Defensa como nuevo titular de Birmex sería el general retirado Víctor Manuel Rico Jaime, un médico cirujano que fue director de Sanidad Militar durante el gobierno de Felipe Calderón. El abanico de opciones sigue abierto para este cambio, en una fecha próxima.

Sin embargo, el mayor giro bajo análisis está orientado a cancelar dos de los principales errores gubernamentales en el campo de la salud, al establecer el Instituto de Salud para el Bienestar y nombrar al frente a Juan Antonio Ferrer, formado como administrador en una institución académica menor de Tabasco, pero cuya trayectoria profesional estuvo constreñida al campo de la arqueología. El propósito básico es transferir las tareas centrales del Insabi al IMSS, a cargo de Zoé Robledo.

Apenas en el martes pasado, en el foro clave que supone la asamblea general del Seguro Social, López Obrador asumió diversos compromisos que, de ser concretados, redimensionarán a la institución, entre ellos dar plaza permanente al personal médico incorporado para atender la emergencia de Covid, así como resolver el rezago en el abasto de medicamentos.

Ese mismo día, el Insabi lanzó dos licitaciones, por cerca de 1,400 millones de pesos, para comprar medicinas y utensilios médicos. Se espera designar ganadores en los últimos días del año, firmar contratos en enero y comenzar a recibir de inmediato cargamentos para cubrir al menos la tercera parte de las necesidades del 2022.

Expertos consultados al respecto descartaron la viabilidad de estos propósitos, pues los laboratorios farmacéuticos pueden requerir varios meses para cubrir los volúmenes de abasto que les sean contratados. Adicionalmente, se enfrentarán precios más altos, tanto por la escasez como por la especulación en la que incurrirán los fabricantes tomando ventaja de la urgencia gubernamental tras constantes virajes en su estrategia. Ello incluye el fracaso de confiar a la UNOPS, entidad de Naciones Unidas, la adquisición internacional de medicinas.

Otro desafío enorme lo sigue representando la distribución de medicinas. No le faltó razón al Presidente al denunciar, desde inicios de gobierno, evidencias de concentración monopólica y de corrupción en el sector. Incluso cuando sugirió que existen políticos atrás de algunas compañías proveedoras de servicios médicos. Pero como es frecuente, sus palabras no estuvieron acompañadas por acciones penales ni sanciones públicas contra los actores que presentó como los villanos de esta historia.

La distribución de medicamentos es una industria concentrada —como en la mayor parte de los países—, altamente especializada, incluso robotizada. Para sustituirla se precisará más que la voluntad presidencial o la concurrencia del sistema logístico militar —eficaz para otros propósitos, pero que puede tomarle años contar con un sistema eficaz en este campo.

Mientras ello ocurre, los más probable en los próximos meses es que los enfermos —los niños con cáncer entre ellos— sigan aguardando por meses un abasto regular de sus medicamentos.

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