La propuesta de reforma en materia eléctrica presentada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión representa diversos riesgos para la economía, la competitividad y el Estado de Derecho del país.

Con esta propuesta se busca otorgar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el monopolio del sector eléctrico, cancelando los contratos que actualmente están vigentes con empresas privadas. Al cancelar estos contratos sin indemnización se provocaría una serie de demandas internacionales que México tendría que pagar. Todo esto afectaría al Estado de Derecho, la certidumbre jurídica y la atracción de inversiones.

También se contempla eliminar los tres pilares básicos para operar el sector: un órgano regulador autónomo (Comisión Reguladora de Energía, CRE), un operador independiente (Centro Nacional de Control de Energía, Cenace), y una gestión eficiente de la electricidad, y por lo tanto se haría a la CFE juez y parte, lo cual dañaría la dinámica y competitividad del mercado energético.

Además, el enfoque de la CFE es hacia la energía a base de combustóleo que es altamente contaminante, dejando atrás la necesaria generación de energías limpias. Incluso, como país estamos adheridos al Acuerdo de París, donde nos comprometimos que para 2024 generaríamos un 35% de energías limpias del total que se producen en México. De aprobarse esta reforma cancelaríamos toda opción de transitar hacia las energías limpias cada vez más necesarias.

Otro riesgo que observamos en la propuesta de reforma eléctrica es el probable aumento de costos, pues de acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Energía, hasta septiembre pasado la energía que genera la CFE es 4.9 veces más cara de la que produce el sector privado, lo que implica que si se encarga de todo el sector los costos serán mayores para los usuarios, y si se generan subsidios, también los pagaríamos los ciudadanos.

Si bien coincidimos en que es necesario fortalecer a la CFE, consideramos que otorgarle todo el control no la fortalecería, pues primero requiere una reestructura financiera para mejorar su productividad y eficiencia, ya que hasta ahora registra pérdidas, que en 2020 llegaron a 86 mil millones de pesos.

En Coparmex consideramos que el objetivo del sector eléctrico debería ser que la luz nos llegue a todos, no existan apagones y recibamos luz a precios accesibles. Sin embargo, el planteamiento de la propuesta de reforma eléctrica va en sentido contrario de lo que se necesita.

Por ello, reconocemos la instalación de un parlamento abierto por parte de las y los legisladores para dialogar sobre las implicaciones y riesgos de esta propuesta y acordar las modificaciones necesarias para evitar que sea regresiva para el país.

Y desde Coparmex, estamos realizando un foro con coordinadores parlamentarios, legisladores y especialistas nacionales e internacionales para compartir argumentos que nos permitan otorgar mayores insumos para el debate y la decisión que se tomará desde el Congreso.

Los empresarios estamos convencidos que es indispensable dialogar y trabajar en unidad con el gobierno para lograr un sector energético colaborativo, de mayor calidad, que genere energías limpias e impulse la recuperación económica. Es tarea de todos lograr un México competitivo y próspero. #OpiniónCoparmex