En mi experiencia como gobernador de Zacatecas y como jefe delegacional en la hoy alcaldía Cuauhtémoc utilizamos gran cantidad de recursos para reforzar la seguridad pública. Entre otros aspectos, fortalecimos la inteligencia, diseñamos programas de prevención del delito, llevamos a cabo operativos para clausurar lugares en donde se vendía alcohol de manera ilegal, y diseñamos e implementamos programas de proximidad policial. Además, periódicamente realizábamos reuniones de gabinete de Seguridad.

Fueron esfuerzos importantes que, si bien dieron resultados, no eran suficientes para atender la criminalidad, ya que ésta es un problema que rebasa la capacidad local y estatal.

Ante las demandas ciudadanas que un municipio no tiene la capacidad de cubrir, la práctica reiterada es señalar que se trata de responsabilidades compartidas con el Gobierno estatal y, en muchas ocasiones, éste responsabiliza, a su vez, a la Federación.

Tal es una situación común en el país, y se puede atribuir a dos factores principales. El primero, fácil de resolver, son diferencias políticas entre el municipio o alcaldía, el estado y la Federación. El segundo, mucho más complejo y profundo, es la baja recaudación de impuestos.

En Dinamarca, nación con uno de los mejores sistemas de seguridad social, la relación entre lo recaudado por impuestos y su proporción en el Producto Interno Bruto (PIB) es del 46.3 por ciento. México recauda solamente el 16.5 por ciento en proporción con nuestro PIB. La transición política iniciada en 2018 aspira a nivelar el piso y propiciar igualdad de oportunidades para todas y todos los mexicanos; para ello es necesario generar mayores ingresos y gastar de manera responsable y transparente.

Para lograrlo, el planteamiento fue sencillo y contundente: no habrá incremento ni nuevos impuestos, pero se combatirá frontalmente la corrupción que impera en el sistema tributario.

Desde el Poder Legislativo se acompañó esta prioridad. Entre las principales reformas legislativas aprobadas se encuentran las destinadas al combate de la evasión fiscal, lo cual facilitó que los grandes deudores cumplieran con sus responsabilidades tributarias. Pero también está la legislación que regula la subcontratación o outsourcing. Con ella, no sólo se garantizan condiciones laborales dignas a la clase trabajadora, sino que además se formaliza un sector que aporta recursos fiscales para el cumplimiento de las metas de la transformación.

A tres años de este intensivo programa de reformas, los resultados son tangibles. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la recaudación del Impuesto Sobre la Renta registró un aumento del 16.4 por ciento durante el primer trimestre del año. Esto representa un monto total de 1.2 billones de pesos, que se obtuvo de mayores pagos en la declaración anual de las y los contribuyentes, y de las acciones de fiscalización.

Mientras tanto, en materia de Impuesto al Valor Agregado, el SAT reporta una recaudación de 2.05 billones de pesos durante el primer semestre, un incremento del 2.8 por ciento respecto al mismo periodo en 2021.

En conjunto, estos dos instrumentos de recaudación fiscal han otorgado al Estado mexicano el 100.4 por ciento de las metas de recaudación fiscal establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación para 2022.

Se trata, sin duda, de avances que muestran lo que podemos alcanzar. Sin embargo, lograr que las próximas generaciones vivan en un país más próspero y equitativo requiere un replanteamiento fiscal que acelere y profundice los cambios.

Esto puede ayudar a que la lotería del nacimiento no sea un factor que determine las oportunidades de cada persona para ejercer su libertad plenamente. Tal es el objetivo por el que hemos luchado durante décadas y por el cual continuaremos haciéndolo sin tregua alguna.