Los mexicanos votaron por la implementación del 'Plan C', un ambicioso programa de desmantelamiento de la democracia constitucional y de regresión autoritaria. Se trata de la fase final del proceso de desarticulación y captura de instituciones que se ha venido instrumentando a lo largo del sexenio de López Obrador.

El régimen autoritario que se construyó con la Revolución Mexicana se centró en la concentración del poder en manos de un gobierno fuerte y sin contrapesos reales, encarnado en la figura de la presidencia de la República. Era el gobierno quien organizaba las elecciones y, por lo tanto, tenía en sus manos la puerta de acceso a los cargos públicos. A través del partido oficial, el presidente, su jefe nato, tenía un control casi total de la vida pública. El partido de Estado era una estructura sumamente eficaz para, a partir de una férrea disciplina, imponer la obediencia a los designios presidenciales a prácticamente todos los actores políticos del país: legisladores federales y locales, gobernadores y alcaldes. El poder judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, cuyos miembros eran responsables de nombrar a todos los jueces y magistrados federales, también solía ser aquiescente con la voluntad presidencial, pues quienes lo encabezaban, los ministros, se debían al presidente que los había propuesto y a su partido, que los había ratificado en el Senado de la República.

El régimen político del siglo pasado fue una elaborada maquinaria de uso y abuso del poder que, sin menoscabar la división de las funciones del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial, la procuraba solo de nombre, pues en los hechos todo el aparato público estaba construido para hacer prevalecer la voluntad casi omnímoda del presidente de la República. Es por esa razón que, precisamente, Vargas Llosa calificó ese régimen como LA DICTADURA PERFECTA.

La transición a la democracia pasó, en consecuencia, por acotar el poder que había llegado a concentrar la presidencia. Así, en la década de los noventa, se reformó el sistema electoral para permitir que el voto se ejerciera de manera libre en elecciones auténticas. Para ello, se crearon nuevas instituciones encargadas de organizar y validar los comicios, que fueran independientes de los partidos y autónomas de los gobiernos.

También se introdujeron figuras que permitieron que la creciente pluralidad política se reflejara en las Cámaras y en los legislativos de los estados. Así, la representación proporcional y las senadurías de primera minoría permitieron que todas las expresiones pudieran estar presentes e interactuar en los espacios de decisión política.

Además, se reformó profundamente el Poder Judicial, haciendo de la Suprema Corte un auténtico tribunal constitucional que pudiera atemperar los abusos y los actos inconstitucionales de los poderes Legislativo y Ejecutivo, creando también el Consejo de la Judicatura Federal, que permitiera la profesionalización e independencia de los jueces y magistrados.

Finalmente, se crearon órganos constitucionales autónomos que, ejerciendo funciones que antes estaban en manos del gobierno, permitieron que las decisiones fundamentales del Estado se tomaran con criterios técnicos y no políticos, y de este modo se acotara el poder discrecional y autoritario que antes ejercía el Ejecutivo federal.

El Plan C plantea un camino exactamente inverso al descrito. Pretende, primero, la desaparición del INE y su sustitución por un órgano cuyos titulares sean elegidos "popularmente", con lo que se pretende lograr un control del mismo, pues sus consejeros se van a deber a la mayoría que los elija y no a la función de garantizar la imparcialidad de las elecciones. Se pretende también, por otro lado, desaparecer a las diputaciones y senadurías de representación proporcional y a las senadurías de primera minoría, para que solo el partido mayoritario tenga presencia en el legislativo. Además, se busca politizar al Poder Judicial, haciendo que todos los ministros, magistrados y jueces del país sean electos "popularmente", con lo que se convertirán en representantes de los intereses de las mayorías y no en garantes de la Constitución y la ley como deben ser. Y, finalmente, se busca desaparecer a la mayoría de los órganos autónomos para que sus funciones sean reasumidas por el gobierno.

En suma, lo que se pretende es acabar con nuestra democracia constitucional y regresarnos a una época autoritaria en la que todo el poder estaba concentrado en manos del Ejecutivo y los demás poderes actuaban como su comparsa, es decir, una democracia simulada y un régimen autárquico.

Es una tragedia que la ciudadanía haya avalado en las urnas que se reviertan los avances logrados en las últimas décadas y que se restaure un régimen autoritario disfrazado de democracia. Habrá que buscar nuevas vías para la defensa de nuestras instituciones y de los principios democráticos que son prioridad para todos los mexicanos que valoramos la libertad y la justicia, y así amortiguar en lo posible los efectos del inminente regreso a LA DICTADURA PERFECTA.