“El monarca busca la sujeción, trabaja para su propia gloria; el juez representa la libertad, trabaja para la concordia” así cita Krause al filósofo Spinoza con relación a lo que expresa sobre el “peligro que corre nuestro sistema judicial ante los embates del poder hegemónico que busca ser absoluto”. Se refiere a la propuesta de reforma del sistema judicial de México.

Hay mucha preocupación ciudadana y de especialistas ante la iniciativa denominada plan C, de AMLO. La asocian al autoritarismo y al control total del poder por parte del presidente. Dicha propuesta tiene tres ejes: 1) La elección popular de jueces, ministros y magistrados; 2) la reforma al Consejo de la Judicatura Federal; 3) Integración y funcionamiento de la SCJN.

Aunque hay consenso en la necesidad de la reforma, el punto más debatido y sensible es la elección popular de la totalidad de ministros, jueces y magistrados. La propuesta señala que los candidatos a ocupar estos puestos deben ser postulados por los tres Poderes de la Unión, y el Senado verificará que cumplan con los requisitos de la ley; de igual forma, no se permitirá la participación de partidos políticos ni realizar proselitismo ni financiamiento a campañas; los candidatos deberán utilizar el tiempo ofrecido en radio y televisión y habrá foros de debate. 

Las reglas podrán estar claras en papel, pero la realidad es que no se confía en la transparencia del proceso ni en la no intervención de grupos de presión o políticos, sobre todo cuando el Congreso y el Ejecutivo son tan cercanos. 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM alertó sobre los riesgos de la reforma al poder judicial federal, “el método de designación es quizá el mejor ejemplo de retroceso que implicaría la aprobación del plan judicial. Lo que la iniciativa propone, en pocas palabras, es pasar de un imperfecto proceso de designación, a otro que prácticamente aseguraría la captura y la participación de la judicatura… lo que en realidad quiere la iniciativa presidencial es que a la Suprema Corte y el resto de los órganos jurisdiccionales sólo puedan acceder quienes cuenten con el respaldo de las mayorías partidistas del momento”, expresó Javier Martínez Reyes investigador del Instituto, opinión que fue subestimada por Andrés Manuel.

“La concepción de que México puede mantener un poder judicial independiente, teniendo jueces, electos en todos los niveles es absurdo y profundamente peligroso”, expresó Mike Pompeo, secretario de Estado en la administración de Donald Trump, quien también señaló la posible afectación al T-MEC.

Los especialistas que defienden la propuesta argumentan que la elección popular de jueces fortalecerá la democracia y representatividad al permitir a los ciudadanos tener una voz directa en la selección de quienes interpretan y aplican las leyes. Esto, señalan, permitirá que los jueces elegidos se sientan más responsables ante los votantes, lo cual favorecerá la rendición de cuentas y el respeto a los valores y expectativas de la comunidad. 

Entre los argumentos que cuestionan esta medida está la politización del poder judicial, ya que los jueces podrán sentirse inclinados a tomar decisiones populares que aseguren su reelección, en lugar de basarse en principios legales y de justicia. Asimismo, la realización de campañas para promover a los candidatos puede permitir la influencia a favor de donantes y grupos de interés, así como la selección basada en la creatividad de las campañas, en lugar de la competencia y experiencia jurídicas. 

Los desafíos comunes de los países que eligen a sus jueces por voto popular, como Chile, Canadá, Colombia y Argentina, son la corrupción, la politización, el acceso a la justicia que sigue siendo limitado, la falta de conocimiento del electorado, la pérdida de independencia judicial, así como la experiencia y profesionalización de los jueces y personal judicial, que no está garantizado mediante el sistema de voto, lo cual afecta la eficiencia y calidad.

Los empresarios también han externado su preocupación por la certeza jurídica que demandan los inversionistas, así como la posibilidad de que el crimen organizado se constituya en un grupo de presión a favor de candidatos e impunidad para delincuentes. 

En una democracia, la principal atribución del sistema judicial es mantener el estado de derecho para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Debe ser efectivo, imparcial y legítimo. Así mismo, debe ser independiente, es decir, libre de influencias externas, provenientes de los otros poderes del Estado o de grupos de interés. Esta libertad judicial es fundamental para que los jueces tomen decisiones basadas en la ley y no en respuesta a presiones políticas o económicas. 

El sistema judicial mexicano otorga facultades a los jueces para desestimar leyes, cancelar obras públicas, anular sufragios, así como poner límites al presidente. Enfrenta fuertes desafíos, asociados a la corrupción, ineficiencia, y falta de acceso equitativo a la justicia, especialmente en áreas y poblaciones vulnerables. Lamentablemente, ni es efectivo, ni imparcial, ni respeta la ley. Está sometido a presiones e intereses económicos y políticos. 

Las disputas entre el presidente y los ministros han sido una constante en este sexenio. Han sido varias las propuestas que la Corte ha frenado o modificado por inconstitucionalidad o por afectar los derechos ciudadanos. 

Cuando el ministro Arturo Zaldívar renunció AMLO expresó: “Voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte y le atino porque he propuesto cuatro y dos salieron conservas (conservadores)’’.

Lo cierto es que AMLO no ha podido manejar a la SCJN a su antojo.

Si AMLO fuera racional y prudente, que ya sabemos que no lo es, dejaría la reforma judicial para la próxima gestión de la comandante Sheinbaum electa. De aprobarse la iniciativa, Andrés Manuel tendría el control sobre los tres poderes y partido oficial, de ahí la preocupación.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com