Con motivo de las últimas ruedas de prensa, en particular en la que se dio a conocer todos los contratos autorizados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -hoy cancelado por decisión presidencial sometida a escrutinio público y todavía reafirmado por consulta pública posterior-, ha surgido una serie encontrada de opiniones. Susceptibles de inducirse por el negocio de la opinión de los medios, que tiene como base que el lector siga la visión parcial, unas legítimas que responden a la coyuntura de que detrás de los hechos fiscales permanece una lucha de clases por los privilegios concedidos sucesivamente por el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-88) hasta el de Enrique Peña Nieto (2012-18); y otras, que desde una perspectiva diferente, estos privilegios representan una reivindicación inaplazable de treinta y seis años de sacrificio popular, mientras una sola clase social recogió los frutos de la cosecha del sacrificio. Lo que para el país implica la organización equilibrada de la convivencia sin sobresaltos de cualquier sociedad.

Es probable que una parte de esta polarización de opiniones haya evolucionado del temor que durante la atapa de prosperidad del capitalismo, las fuerzas de izquierda se desplazaron hacia la derecha, movidos por la consideración de que sus propuestas no podían tener éxito entre los electores, renunciando de esta manera a los programas de reformas a la estructura, económica y social, por lo que en México el sistema político se consolidó en un sistema conformado en partidos de gestión, dejando como obra una extraordinario menjurje de moderación y demagogia, de educación y engaño del elector, que podía alterar trágicamente el curso de los hechos resultantes de las elecciones, haciendo que la mayoría no decidiera sobre sus asuntos.

No obstante, en la vida de México se han revivido las aportaciones de Montesquieu, de Juan Jacobo Rousseau y de Emmanuel Sieyés a la Constitución francesa, el primero por la separación de poderes, el segundo por la participación del pueblo en las decisiones soberanas, y el del Abate Emmanuel Sieyés por precisar que la Constitución no es un acto de gobierno, sino del pueblo que crea a los órganos del Estado que no puede confiarse a la discreción de los gobernantes sobre la base de la imposición de ciertas obligaciones, que desarrolló León Duguit un siglo después.

A este respecto, escribe Emmanuel Joseph Sieyes:“Todos los privilegios…tienen por objeto dispensar de la ley o conceder un derecho exclusivo a alguna cosa que no está prohibida por la ley. Lo que constituye el privilegio es el estar fuera del derecho común, del que no puede salirse más que de una u otra de esas dos maneras. (…) Hay una ley madre de la que todas las demás deben derivarse: No hagas nunca daño a tu prójimo. Esta es la gran ley natural que el legislador articula al detallarla en las aplicaciones para el buen orden de la sociedad; de ella emanan…las que pueden impedir que se cause perjuicio a los demás y son buenas; las que no sirven a este fin…son malas, porque perjudican a la libertad y son opuestas a las leyes buenas. (…) El legislador ha sido establecido no para conceder sino para proteger nuestros derechos. (…) Los que tienen por objeto una dispensa de la ley no pueden sostenerse…porque ello supondría decir a los privilegiados: se os permite hacer daño al prójimo.(…) Todo lo que no está prohibido por la ley…es del dominio de la libertad civil y pertenece a todo el mundo. Conceder a alguno un privilegio exclusivo sobre lo que pertenece a todos sería hacer daño a todos en beneficio de uno solo, lo que representa a la vez la idea de la injusticia y de la más absurda sinrazón…los privilegios son injustos, odiosos y contrarios a la sociedad” (Sieyes, Ensayo sobre los privilegios).

Con excepción de ayer, en que Andrés Manuel López Obrador (2018-24) comenzó a ser más preciso sobre los alcances de la corrupción y de que no habría tolerancia a la impunidad, pueden componerse algunas cosas que cobran derroteros diferentes.

“La noción del servicio público…no es nueva. El día mismo en que bajo la acción de causas muy diversas,…se produjo la distinción entre gobernantes y gobernados, la noción del servicio público nació en el espíritu de los hombres….desde ese momento se ha comprendido que ciertas obligaciones se imponían a los gobernantes para con los gobernados y que la realización de esos deberes era a la vez la consecuencia y la justificación de su mayor fuerza. (…) Pero, si no se cree en el derecho de los gobernantes, se cree en la existencia de obligaciones que se les imponen…no se trata de una obligación moral que se impone a los gobernantes, sino de una obligación de orden jurídico susceptible de recibir una sanción positivamente organizada…lo que hace la regla del derecho…es la creencia, arraigada profundamente en la masa de las gentes” (León Duguit, Las transformaciones del Derecho, Público y Privado, 1975).

Dentro de estas circunstancias, el hecho de que hasta el momento no se conozca qué funcionarios y exfuncionarios hayan sido citados a declarar sobre diversos actos, relacionados con contratos adjudicados a Odebrecht, para el mantenimiento de la refinería de Tula que implican dinero entregado en cuentas de Emilio Lozoya Austin; y a los contratos de la Comisión Federal de Electricidad que autorizan el cobro particular de trabajos realizados por cuenta del país, es tan delicado que pone en un predicamento la labor de Carlos Urzúa en la función de recobrar bienes utilizados en la comisión de delitos o de pedir la reparación del daño a la nación, apuntado ayer por Andrés Manuel López Obrador para aplicarse a fines sociales del gobierno, porque evidentemente por encima de la labor de los tribunales federales parece que se impone la práctica de los abogados del Cartel Nueva Generación de Jalisco, con lo cual han contribuido a desacreditar al Poder Judicial de Jalisco y al de Nuevo León, lo que no le interesa a Jaime Rodríguez Calderón. El lastre deviene de las mismas universidades que se han convertido en comparsas del gobierno, omitiendo la posición crítica de las ciencias respecto de los intereses del gobierno, al que responde Oscar Lugo en la UANL.