"Si yo meto la mano en los penales me pueden paralizar la ciudad, pero claro que es lo que yo quisiera hacer, sacar a las mafias de ahí", se le escuchó decir a Rosa Icela Rodríguez, entonces secretaria de Gobierno de la CDMX en el año2018 cuando recién tomó el cargo tras dejar la Secretaría de Desarrollo Indígena.

La sola idea de tomar el control de la administración de los centros penitenciarios y con ello la capacidad de dar contratos millonarios y cargados de corrupción a empresas contratadas para proveer el alimento a los internos y otros negocios de décadas, sonaba tentador para la funcionaria.

Pero si lo hacía, se justificaba, le podían armar motines, incendios y demás rebeliones que la dejarían muy mal parada a ella y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

No es un secreto que los reclusorios capitalinos son un micromundo cuyos habitantes extorsionan y controlan el tráfico de drogas —entre otros delitos— hacia afuera. También es una máquina generadora de billetes: no se mueve nada si no hay una cadena de "mordidas" en los procesos. Desde lo más básico hasta lo más extraordinario como las celdas de lujo, sexoservicio, "salidas" de un día, y las sustancias para el consumo de drogas. Personajes con dinero y poder que pueden pagar hasta 500 mil pesos mensuales para vivir aparte y con privilegios.

El Sistema Penitenciario de la Ciudad de México tiene bajo su responsabilidad 13 centros de reclusión para adultos —11 de varones y 2 femeniles—, con una población de más de 26 mil internos.

Al analizar la complejidad que supone administrar un sistema así, plagado de mafias, dinero sucio, corrupción, poderes fácticos y autogobierno, podrían justificarse los dichos de la entonces funcionaria local —ahora federal— y puede entenderse que se haya mantenido en el cargo como subsecretario del sistema a Hazael Ruiz Ortega, quien estuvo al frente desde la pasada administración de Miguel Ángel Mancera y que extrañamente fue ratificado por Sheinbaum.

Para el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch —encargado de esa tarea desde noviembre de 2019— los penales eran un pendiente, una piedra en el zapato, o más allá: la pared con la que se topaba al intentar acabar con las bandas del crimen organizado en la ciudad.

En pláticas con esta periodista reconoció que los líderes de la "Unión de Tepito" y del "Cártel de Tláhuac" mantenían su control desde dentro gracias a lo corrompido del sistema carcelario, un área que ya no le competía.

No sorprendió entonces que en julio de este año la jefa de Gobierno enviara una iniciativa de reforma penitenciaria —que se aprobó en agosto— para que los reclusorios pasaran de estar en manos de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dándole todo el poder a García Harfuch.

De ahí la renuncia, hace una semana, de Hazael Ruiz Ortega, un personaje oscuro descrito con una personalidad dual: por una parte, apoyaba iniciativas relacionadas con el arte y la cultura para la reinserción social y fue bastante permisivo con los presos; pero por otra, alimentaba y controlaba un sistema de corrupción que funcionó como una caja multimillonaria de dinero negro producto de todos los procesos de extorsión y cuotas en los 13 centros.

Pero la pregunta es ¿quién se quedará con ese flujo de efectivo? La respuesta se podría contestar sola.

Lo que los ciudadanos esperaríamos es que por fin con el cambio de mandos y la restructuración se trabajara en una estrategia real y firme para la reinserción social, se eliminaran los autogobiernos y el poder de los presos.

El riesgo es el que lleva consigo mismo el ejercicio del poder: que se sucumba a la tentación de entrar a las grandes "fábricas" de dinero que ya existen y al final solo cambien los nombres de quienes administren la caja millonaria que son los penales.