Con la suspensión temporal de una de las arbitrarias disposiciones del no menos arbitrario e inconstitucional "Plan B" del presidente Andrés Manuel López Obrador, la justicia mexicana dispuso hace unos días la reincorporación de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Punto para el INE.

Se trata del primer recurso que vence, así sea provisionalmente, la intentona golpista del régimen contra la democracia mexicana. Vendrá la resolución de fondo, y estoy segura que también pondrá las cosas en claro y exhibirá el despropósito antidemocrático que alienta la mal llamada reforma político electoral morenista.

Y como el recurso que reinstaló al secretario Ejecutivo del INE, hay por lo menos decenas de instrumentos jurídicos en curso para detener el asalto del presidente, su partido y sus aliados, contra la institución que ha garantizado elecciones libres y confiables en nuestro país.

Movimiento Ciudadano ha interpuesto diversos recursos para frenar y combatir el "Plan B" morenista, y apenas el miércoles pasado, acudimos al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar un "amicus curiae", un instrumento jurídico mediante el cual se aportan más elementos de criterio para las y los ministros que analicen las demandas contra la próxima reforma político-electoral.

Estamos en la batalla por la democracia mexicana, y no cederemos espacios ni daremos tregua al poder que quiere corromper lo que tanto esfuerzo y vidas ha costado, desde que la ciudadanía le arrebató al gobierno el control de las elecciones.

Como consejera del Poder Legislativo en el INE, he tenido la fortuna de participar en las sesiones de Consejo General, que se han vuelto verdaderas exhibiciones del afán, muchas veces torpe e irracional, de los representantes del régimen para agredir verbalmente a las y los consejeros del INE.

También, en esas mismas sesiones, he atestiguado cómo consejeras ciudadanas y consejeros ciudadanos explican con paciencia una y otra vez las afectaciones que el articulado del "Plan B" ya está teniendo sobre la organización de las elecciones, porque se tendrán que adecuar procesos y ajustar presupuestos a condiciones casi imposibles, o que de plano condenan al proceso electoral a la incertidumbre.

Un ejemplo sencillo y a la vez alarmante lo expuso en la más reciente sesión del INE el consejero ciudadano Ciro Murayama (tan odiado por los cuatroteístas) al explicar el caso de las juntas distritales en la Ciudad de México, que actualmente son 22 pero que según los designios del "Plan B" aprobado por Morena y sus aliados, en los próximos procesos electorales solo habrá UNA, y únicamente con un vocal. Una sola persona para atender las responsabilidades que hoy, con mucho esfuerzo, solventan cinco personas en cada junta distrital.

Y mientras las personas y las organizaciones que creemos en la democracia combatimos al "Plan B" presidencial, a Morena y a sus aliados, el PRIMOR nos obsequia una más de sus lindezas, encaminadas como siempre a vulnerar los derechos de la ciudadanía: con los votos del PRI y de sus aliados habituales (que ya son casi lo mismo), Morena acaba de aprobar que el gobierno federal, a través de un "Consejo Nacional del Registro Civil" controle la información personal de mexicanas y mexicanos, incluyendo datos biométricos.

Esta disposición del PRIMOR se entiende cuando la aspirante a consejera del INE, Bertha Alcalde Luján (hija de la ex presidenta del Consejo Nacional de Morena y hermana de la secretaria del Trabajo del régimen), ha propuesto que la Secretaría de Gobernación controle el padrón electoral y que pase a ser un Registro Nacional Ciudadano.

Demasiadas muestras de lo que en realidad quiere el régimen, y demasiadas muestras del ya evidente contubernio PRIMORenista...