En la recapitulación de las decisiones asumidas durante los primeros cien días de gobierno, Andrés Manuel López Obrador destacó la lucha contra la corrupción como fuente de sustentación de lo que ha llamado la cuarta transformación, en la historia de México. Sin dejar de recordar que en enero de 1994 -cuando Carlos Salinas de Gortari iniciaba su gestión- se privó en la legislación penal a los actos y omisiones realizados por los servidores públicos de la categoría de delito grave, haciendo notar la práctica facciosa de asegurarse un espacio propio para defender intereses que no habían sido amparados por haberse confiado a la acción de poderes privados desplazados -hoy, en proceso de arrebato al gobierno para su recuperación- y que con base en el self-goverment inglés los gobiernos anteriores destruyó el sistema corporativo, incorporando a los grupos privados a ver el gobierno como cosa suya y a considerar las medidas asumidas desde una perspectiva diferente de la del conjunto de las clases sociales.

Lo cual, al final de cuentas -es probable que haya llevado a López Obrador- a la consideración de que “el gobierno no tiene partido”, aduciendo como complemento la argumentación unida a la ficción de la ilegitimidad, cuando un gobierno se inclina en contra del campo por el que la mayoría se ha expresado, afirmando que después de la elección el gobierno sustrae su acción al gobernar ahora para todos. Lo que en sí, constituye una negación al principio de la mayoría relativa de la mitad más uno o al de cierta mayoría contundente a dos vueltas.

Y la razón es muy sencilla, lo que los partidos contendientes someten a escrutinio público durante una elección, es un programa de gestión justificado por una plataforma de principios doctrinales, que no da lugar a la confusión de las ficciones, y menos cuando es claro que en la ley se busca establecer una fórmula del comportamiento humano que debe ser general, abstracta e impersonal, a diferencia de la dirección política que pretende darse a la ejecución de la ley, y donde el jefe del Ejecutivo debe conciliar el sentir de la mayoría con el absoluto respeto a los derechos del individuo. Por eso el acto administrativo genera efectos particulares y concretos frente a los efectos generales de la ley.

No cabe la confusión de que el gobierno del presidente no tenga partido, debe gobernar con base en las propuestas y los ofrecimientos de campaña, aunque en esto se desdibuja en el horizonte inmediato el hecho de que las pasadas elecciones fueron ganadas por Andrés Manuel López Obrador, quien se preparó por dieciocho años sin que el sistema preparara contendiente, en tanto que MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) no respondió a movilización doctrinal alguna, en tanto que da la impresión de que los programas en favor de los pobres, conjugados con la composición del gabinete de un frustrado jefe de gabinete, una secretaria de Gobernación capaz de mentir sobre la adquisición de un Pent-house en Houston dotado de una invaluable colección de obras de arte y pintura, capaz todavía de pretender liberar su mentira con la insidia de que la secretaria de la función pública no publicó por su cuenta tales bienes; describen que las acciones del gobierno se reducen a una actitud maximalista, limitada a convertir en plataforma la ambición de un grupo bastante circunscrito a aprovecharse de los negocios del gobierno, peligrosa actitud no sólo porque tiene que transigir con las realidades tras largo tiempo de sacrificar a la mayoría, sino porque además deberá compartir las decisiones políticas con los grupos afines con los que obtuvo la mayoría, reclamando en su agravio el robo y el saqueo.

El centro de las dificultades fundamentalmente se encuentra en que llegado el momento –no hay término que no se cumpla ni fase de la vida que no transcurra-, López Obrador tendrá que considerar abandonar el gobierno, para lo cual tendrá que pensar quién será su sustituto, y abrir la perspectiva dentro de MORENA del modo en que se consolidarán los cambios de la cuarta transformación, cuyo cuerpo se lo dará -por oposición- la doctrina que autoriza al individuo defenderse contra la mayoría, aún contra la totalidad y no ceder ante un interés, aun justificado en sí, porque esta doctrina también tiene su expresión en la justicia y la seguridad, frente al bienestar común. En esto radica ahora la desconfianza, en virtud de que la certificación de la honradez la concede en este país alguien que carece de sapiencia para cambiar la organización de la Administración y de no saber el peso de la herencia cuando la revolución pudo evitarse, de haber accedido Porfirio Díaz a designar al apóstol Vicepresidente en lugar de Ramón Corral, para cometer el error luego de llamar a Félix Díaz y a Huerta para colaborar en su gobierno, pasadas las elecciones de 1910.

Lo de Olga Sánchez Cordero puede explicarse por su carácter acomodaticio a la nueva izquierda, por su opinión aplastante en la universidad marca patito, donde los principios de la ilustración, la legalidad y el estado de derecho, se confunden con la práctica comercial de bajarle la lana al educando, y donde únicamente fue capaz de perseguir sin réplica, el desenvolvimiento de la apelación (provocatio ad populum) por un magistrado del pueblo romano, al revisar las sentencias ante el populus. Que dios nos libre de la permuta de los sueldos y la consulta de los asuntos en que esté expuesto el interés económico del Estado.