Finalmente, este miércoles se presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial de reformas a la Constitución en materia electoral, luego de un largo y torpe procesamiento falto de transparencia y claridad, pero además plagado de demagogia, mentiras y turbiedad en la construcción de la propuesta.

Conociendo la propuesta de modificaciones constitucionales, muchas de las incógnitas y dudas que se desprendían de las láminas difundidas por la Presidencia la semana pasada persisten, algunos (pocos) planteamientos se aclaran y varias de las amenazas a la calidad democrática de nuestro sistema electoral se materializan.

A reserva de un análisis mucho más profundo, comparto algunas de las preocupaciones que me produce, de entrada, la propuesta presidencial:

1. Se busca desaparecer a las 32 senadurías que se eligen mediante el sistema proporcional, lo que favorece claramente al partido mayoritario. Si se aplicaran esos cambios a la votación de 2024, Morena y sus aliados habrían obtenido 64 de 96 senadurías, casualmente las dos terceras partes necesarias para alcanzar la mayoría calificada (sin tener que recurrir a las prácticas mafiosas que utilizaron para conseguirla).

2. La redacción del nuevo mecanismo para distribuir las 200 diputaciones de representación proporcional (que finalmente no se redujeron, a pesar de toda la narrativa en ese sentido), es tan oscuro e incomprensible que al no contarse con la redacción de la ley que lo especifique y aclare, no puede valorarse en sus efectos y consecuencias.

Yo imagino (pero es una suposición derivada de la imprecisión y falta de claridad del texto) que lo que se pretende es la conformación, como ocurre en la CDMX, de dos listas iniciales por cada partido (una integrada con los candidatos perdedores que tuvieron los mejores porcentajes de votación en un orden descendente y otra compuesta mediante el voto por "listas abiertas" —según se había anunciado en las láminas previamente difundidas, pero que, incomprensiblemente, no está mencionada en la iniciativa—) que después, intercaladas ("alternada" se dice), conformarían la lista definitiva de cada partido. Pero eso no es necesariamente lo que dice el texto propuesto y bien podría significar otra cosa, lo que habla, o de la pésima técnica legislativa utilizada, o de una redacción queridamente ambigua y, seguramente, malintencionada.

3. Se reduce en 25% el financiamiento público a los partidos políticos sin modificar la fórmula de distribución actual (30% de la bolsa de manera igualitaria y 70% de manera proporcional), con lo que, si bien hay una reducción generalizada del dinero público que reciben los partidos, los más perjudicados son los que reciben menos dinero. Eso por no decir que Morena se beneficia de los indebidos (pero permitidos por el INE y el TEPJF) recursos gubernamentales (programas sociales, propaganda gubernamental, etc.).

4. Se reduce en 27% la bolsa de tiempos del Estado durante los procesos electorales (pasa de 48 a 35 minutos en cada canal y estación de radio y televisión), sin que se altere la fórmula de distribución (la misma del financiamiento público). Eso inevitablemente deja a los partidos minoritarios —la oposición— en una desventaja mayor porque, de entrada, tienen menos tiempo aire para contrarrestar la poderosa maquinaria de propaganda que es la "mañanera" y que inconstitucionalmente (con la condescendencia de las autoridades electorales), el gobierno utiliza en favor de su partido y en contra de la oposición.

Además de ser una reforma que nadie más que el gobierno y su partido quieren, la falta de claridad de muchos de los cambios propuestos y la ausencia del desarrollo legal correspondiente (que disiparía las dudas que persisten y aclararía las verdaderas intenciones que se persiguen) implica pretender que los legisladores voten a ciegas. Así, la verdad, es mejor no cambiar nada.