Ahora, cuando hemos llegado a tener una nueva versión de partido dominante, Morena, ahora que ha ganado la Presidencia, las mayorías en el Congreso y congresos locales y tiene 22 gubernaturas con sus aliados, es cuando se quiere cambiar el sistema electoral y el INE para que no haya fraude. Hoy, desde el poder, se quiere remodelar al árbitro. La contradicción se explica sola. Gracias a que tenemos un sistema confiable, que organiza las elecciones, el tema del fraude ha dejado de ser una preocupación de la agenda pública. Sin embargo, el presidente y su partido no están satisfechos y han propuesto una iniciativa de reforma que cambia otra vez las reglas del juego. Pero los cambios no son para una mejor representación y una mayor calidad en los comicios, sino para un mayor control y una precarización de nuestra imperfecta democracia electoral.

Si la oposición abre la puerta de esta reforma presidencial, los riesgos son mayúsculos. El paquete de cambios puede tener aspectos interesantes y cambios positivos, pero no es el momento, cuando faltan diez meses para que se inicie el proceso electoral de 2024, que empieza en septiembre de 2023. En estos días hemos visto cómo desde Palacio Nacional se teje la estrategia para ganar el debate y usar a la opinión ciudadana en favor de un proyecto de reforma. El tema electoral es muy importante para la democracia en México, tenemos ya 45 años con reformas, es una obsesión de la clase política cambiar las reglas de competencia. No tengo dudas de que hacen falta modificaciones y que el sistema electoral puede mejorarse, pero en estos tiempos de una alta polarización social, lo que saldría de ese arreglo sería un trofeo para que la dominación actual permanezca en el tiempo.

Hace unos días se conoció un sondeo que hizo el INE sobre la reforma. La forma como se divulgó ese estudio y el manejo que se hizo por parte de Morena y AMLO mostraron la típica manipulación populista. Dentro de un universo pequeño de 400 casos a los que se contactó vía telefónica, salió que 27% sabía del tema; menos de tres de cada diez personas entrevistadas. AMLO es un maestro de la comunicación política y cada mañanera lleva agua a su molino. Esta ocasión le sirvió para batear al INE y a su consejero presidente, uno de sus blancos preferidos de ataque. En la banqueta de enfrente, las oposiciones han lanzado una campaña de defensa, con la idea de que "el INE no se toca". Así, la reforma electoral está en el centro de la ya larga polarización social en la que estamos atorados como país. ¿Es este el mejor clima para una reforma político-electoral?

Hay varios hilos de la propuesta de AMLO que llevan a riesgos peligrosos. El primero es el desmantelamiento de la estructura profesional del INE, independientemente de si nos quedamos con la estructura actual (INE, OPLES) o si vamos a una sola, porque debilitaría completamente la organización y capacitación electoral. El segundo es el "concurso de popularidad" para consejeros y magistrados electos por el voto ciudadano, que llevaría a una concentración de poder al gusto del partido dominante. El tercero es llevar el padrón electoral al gobierno, después de tantos años de lucha para tener un instrumento confiable. El cuarto es quitar financiamiento público a partidos, porque se abre más el espacio para que poderes fácticos y crimen organizado profundicen su intervención en las elecciones. El quinto es la reducción de varias piezas, menos legisladores, menos tiempos en radio y televisión, menos consejeros, es decir, todo a la baja, para volver al sistema electoral más barato, pero más precario y deficiente, como se ha hecho con toda la administración pública. Por ninguna parte se ve una mejor representación, tampoco mayor calidad democrática, ni una mejoría en la tutela de los derechos ciudadanos. Por eso, hoy la mejor opción es no hacer una reforma.

Esperemos que los partidos de oposición no caigan en la tentación de abrir la puerta de una reforma que le puede costar caro al país en términos de estabilidad y gobernabilidad…

Twitter: @AzizNassif