En marzo, el Senado aprobó una serie de reformas a 13 ordenamientos legales, entre los que se incluye la Ley Federal del Trabajo, la Ley Burocrática y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Una reforma sumamente trascendente si consideramos que, a pesar de que en la Constitución de 1917 se consagró el principio de que a trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad, en la actualidad la brecha salarial aún es considerable y subsisten condiciones de profunda inequidad en materia laboral que pesan sobre las mujeres.

Según reporta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la brecha salarial a nivel nacional es de -12.0% (54 pesos), pues mientras el salario promedio de los hombres es de 449.57 pesos, las mujeres perciben 395.48 pesos.

Según la Organización Internacional del Trabajo, esta diferencia se explica por los estereotipos de género que identifican al hombre como el "sostén de la familia"; las responsabilidades familiares que les implican fórmulas de trabajo flexible, y con ello una menor remuneración, así como la penalización de las mujeres por ser madres, ya que ganan menos que las mujeres sin hijos y tienen menos oportunidades de ascensos.

Es importante destacar que la situación de las mujeres que son madres se agrava por la carencia de acceso a servicios de guarderías. Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018 muestran que 79.9% de las mujeres ocupadas no cuenta con acceso a esos servicios.

Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2019, pese a su jornada completa de trabajo para el mercado, para las mujeres no existe una reducción importante de las horas de trabajo no remunerado, siendo de 25.7 horas a la semana en el trabajo doméstico para el propio hogar, contra 11.0 horas de los hombres, ambos bajo la misma condición de trabajar 40 o más horas para el mercado.

Hoy las mujeres siguen siendo despedidas por estar embarazadas. Entre enero de 2011 y marzo de 2020, el CONAPRED recibió un total de 723 quejas y reclamaciones calificadas como presuntos actos de discriminación relacionados con el despido por embarazo.

Estos datos revelan que aún y cuando las mujeres buscan compaginar su vida laboral con la maternidad y la vida familiar, continúan padeciendo desigualdad y discriminación, por lo que no basta que sus derechos sean reconocidos y preceptuados en el marco jurídico normativo, sino que también se requiere de acciones afirmativas que generen condiciones efectivas de equidad e igualdad, para materializarlos y hacerlos efectivos.

De ahí la relevancia de las reformas que impulsa el Senado, al establecer el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y eliminar cualquier discriminación o cualquier impacto negativo en la remuneración por la situación familiar, las responsabilidades familiares y de cuidados o de cualquier otra situación o condición asociadas con el sexo o el género de la persona trabajadora.

Por otra parte, entre las medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y, para eliminar la brecha de género, impone a las instituciones públicas, privadas y sociales el trámite del Certificado de Igualdad Laboral de Género y No Discriminación para acreditar que cuentan con prácticas que favorezcan el desarrollo integral de sus personas trabajadoras.

Así también, incluye como violencia laboral preguntar sobre el historial salarial en el proceso de contratación y cualquier acción u omisión que directa o indirectamente perpetúen la brecha salarial de género.

Es tiempo de superar las desventajas que padecen muchas de las mujeres trabajadoras en nuestro país y reconocer su contribución al desarrollo de México.