Lo acontecido en las cámaras de diputados y senadores en días pasados, con el fracaso para alcanzar acuerdos en materia electoral de la propuesta B del presidente López Obrador, que pretenden reducir y controlar el sistema electoral mexicano, muestra claramente que no se podrá fácilmente destruir al INE, como se pretende hacerlo. Muy molesto debe de estar el Presidente porque su propuesta no ha podido ser aceptada, ni avanzar en ambas cámaras; será hasta enero que se vuelva a abordar el tema de la propuesta "B" de AMLO, que no plantea ni mucho menos una reforma electoral sino la destrucción del Instituto Nacional Electoral, encabezado por Lorenzo Córdova, quien reiteró que continuará la defensa del INE y del sistema electoral mexicano.

La reforma tiene como objetivo central que el poder político pueda manejar y controlar el sistema electoral mexicano para restablecer el manejo de las elecciones desde el gobierno.

El sistema electoral mexicano fue, por cierto, considerado públicamente en días recientes por la Organización de Estados Americanos como un sistema electoral que hace aportaciones importantes al fortalecimiento de la democracia, que goza de una trayectoria positiva mantenida durante años y reconocida por los países que integran la OEA, destacando la labor del INE.

Destruir al INE tendría consecuencias regresivas en la democracia. El Plan "B" evidencia la incertidumbre que vendría. Los ataques al INE golpean a la democracia mexicana. La lucha por controlarlo desde instancias gubernamentales, atiende deseos presidenciales en ese sentido.

El debilitamiento de los procesos electorales también proviene de otras formas: la discusión política entre los partidos ha sido sustituida por la violencia verbal y en no pocas ocasiones por la confrontación política, que a veces avanza superando los niveles de diálogo para traducirlos en confrontación abierta e hiriente.

La Reforma Electoral planteada por el Presidente ha creado confrontación legislativa fuera de lo que es realmente tolerable. Pero lo peor es tratar de legitimar a través de la intolerancia legislativa, lo que se pretende aprobar con la reforma electoral, como desarticular al INE, evitando que pueda cumplir con sus objetivos. Ahora se pretende dejar de sancionar importantes límites, como que los funcionarios públicos no deberán ya ser sancionados por actos adelantados de campaña, violando lo que establece la ley hasta ahora. Gravísimo sería dejar de tener controles para la operación electoral en los estados. Campañas adelantadas de Morena ya se realizan en los estados un año y medio antes de la elección.

Pero sobre todo sería gravísimo si se aprobara todo el Plan "B" sin cambiar nada, las consecuencias pueden ser enormes, lo que está en juego es la salud del sistema electoral mexicano. La Suprema Corte, ¿tomará cartas en el asunto de continuar las cosas como van? Porque en bien de la democracia, el Plan "B" deberá tener una serie de modificaciones antes de ser aprobado. Las consecuencias serían muy graves al aprobarlo sin reformas, sin mover ni una coma: tal como desearía el Presidente. Pero resulta que hay muchas violaciones a la Constitución en ese paquete de reformas: en 450 artículos de diferentes leyes, según expertos y el mismo Monreal. Podrían ser más.

Expertos advierten que esta reforma electoral comete serias violaciones a la Constitución y, lo que es muy grave, desarticula el sistema electoral levantado a lo largo de varias décadas. No estamos ante un golpe de Estado, pero sí ante una situación crítica que requiere responsabilidad de todos los actores, comenzando por el Presidente. Requiere de la intervención de la Suprema Corte, es mucho lo que está en juego en 2023 y en la elección presidencial de 2024. Es enorme la responsabilidad de los partidos, de la actuación centrada del Presidente, del gobierno, de los candidatos, del Congreso en sus dos cámaras. Confiamos en la responsabilidad del INE, muchas veces puesta a prueba y sostén de nuestra democracia.