La denominada "Consulta Popular" del próximo domingo 1° de agosto, supuestamente para que la gente decida si se enjuicia a "funcionarios del pasado", es una perversión de lo que debería ser la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos del país para lograr una mayor calidad de nuestra democracia, un renovado mandato al gobierno para que eleve su eficiencia y, como consecuencia, que la gente tenga una mejor calidad de vida.

Esta "consulta" impulsada desde la Presidencia de la República es una farsa. ¿Por qué preguntar a la gente si quiere que se enjuicie a exfuncionarios que supuestamente cometieron delitos?

La aplicación de la ley no se somete a "consulta popular" porque —hacerlo— es una responsabilidad intrínseca de los gobiernos que, al rendir protesta al asumir sus cargos, juran cumplir y hacer cumplir la ley. Punto.

Si López Obrador tiene pruebas, como ha dicho, de que algún expresidente o exfuncionario cometió algún ilícito, su obligación es presentarlas ante las instancias correspondientes. No hacerlo, es incurrir en complicidad y actuar con cobardía.

Sin embargo, como han sido tantos los señalamientos de que AMLO tiene un pacto de impunidad con Peña Nieto para que éste le dejara el camino franco para su victoria electoral en 2018, ahora busca tramposamente respaldarse "en la opinión de la gente" para no actuar contra el expresidente y así evadir el juicio condenatorio de la sociedad.

En sentido contrario, si no tiene ninguna prueba estamos ante un mandatario demagogo que busca distraer la atención para que nos olvidemos de los problemas que se han agudizado y afectan nuestra calidad de vida.

Por otro lado, para que los resultados de esta "consulta" sean de obligado cumplimiento se requiere una participación de al menos el 40% del listado nominal de electores —unos 38 millones de personas— lo cual de ninguna manera se alcanzará, ya que solo la está impulsando el Instituto Nacional Electoral (INE) —por mandato legal— y Morena y sus gobiernos —violando la ley.

Dicho de otro modo, se trata de una falsa consulta popular, de un engañoso ejercicio de participación directa y democrática para satisfacer un capricho del autócrata, quien pretende sentar un ominoso precedente para ver si el próximo año, en una nueva "consulta" sobre la revocación del mandato, decide si busca prorrogar su mandato un sexenio más.

La cosa es todavía más preocupante cuando vemos que esta perversión antidemocrática costará al país 538 millones de pesos vía INE, que será dinero tirado a la basura. A ese monto hay que agregarle lo que están gastando Morena, el Presidente y los gobernantes de este partido para ilegalmente promocionar el evento, más lo que implica el trabajo de los llamados "Servidores de la Nación" para obligar a los beneficiarios de los programas sociales a votar este 1º de agosto.

Téngase en cuenta que este ejército electoral de los mal llamados "Servidores de la Nación" cuesta al erario unos 4 mil 750 millones de pesos anualmente. Este domingo su trabajo será llevar a esa clientela electoral a votar.

Ese esfuerzo puede costar unos 400 millones de pesos, con lo que ya rondamos los 900 millones para esta consulta, sin considerar el gasto que los gobiernos morenistas realizan para impulsarla.

¿Cuántos miles de millones serán desperdiciados, incluyendo el acarreo a las 54 mil urnas instaladas en el país?

Eso sucede mientras los hospitales públicos carecen de medicamentos, de material de curación y mantenimiento elemental para su funcionamiento. Tan solo con la cantidad erogada por el INE, se podrían otorgar 1 mil 400 tratamientos completos contra el cáncer o unas 75 mil quimioterapias.

¿Para eso querían la "austeridad republicana" que ha desmantelado al sector salud y a varias instituciones?

Todas estas son razones suficientes para no ir a votar en esa farsa de: "Consulta popular". No convalidaremos esta onerosa perversión de la democracia.