Palabra contra palabra, el Presidente ha decidido hacer de lado la ley para resucitar una vieja y rancia práctica del PRI conocida como "la cargada". Frente a la exhibición periodística de un probable conflicto de interés que involucra a la nuera y al hijo mayor del mandatario en contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), la tropa morenista se reagrupa y contrataca. Fieles al sello de la casa, durante el fin de semana, 18 "gobernadoras y gobernadores de la cuarta transformación" adoptaron el discurso del golpismo imaginario para formular en un comunicado conjunto, loas a un gobierno que dista mucho de garantizar derechos y dar resultados. Con azoro hemos visto a un Presidente que usa documentos anónimos para estigmatizar, para provocar y para violar el derecho a la privacidad de periodistas incómodos. Un presidente que lejos de rendir cuentas, se victimiza desde el poder y aprovecha para poner contra las cuerdas a instituciones que le estorban como el INAI, órgano encargado de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales.

En un país en el que se acumulan asesinatos a periodistas con toda impunidad, en el que la violencia se manifiesta todos los días y en el que la ley de la bala o la plata amenaza libertades fundamentales, poco ayuda vilipendiar al mensajero. Por el contrario, desde el cargo más importante del país se muestra que se puede rechazar, perseguir y hasta echar mano de todo el aparato del Estado para amedrentar a aquellas voces que se atreven a cuestionar al poder.

Lejos de ser un contrapeso, la mayoría en el Senado se ha reafirmado como una caja de resonancia de los designios presidenciales. En los últimos días hemos visto a sesenta y un senadores votar en contra de que las instituciones públicas hagan su trabajo, es decir, que investiguen y den certezas e información sobre si efectivamente existe algún delito o falta qué perseguir. Y por si quedaba alguna duda, los Senadores de Morena han decretado que el presidente Andrés Manuel López Obrador "encarna a la nación, a la patria y al pueblo" y, por lo tanto, los que se oponen son "un puñado de mercenarios".

Como si no hubiéramos aprendido nada, como si no hubieran existido reformas, ni leyes, ni instituciones, ni un cambio de gobierno a favor del combate a la corrupción, la "casa gris" como se le ha llamado a la mansión en la que vivió José Ramón López Beltrán con su esposa Carolyn Adams, propiedad de un alto funcionario de la contratista Baker Hughes, no podrá ser borrada a base de retórica.

Es bien sabido que en cualquiera de sus modalidades, los conflictos de interés afectan el desempeño o la toma de decisiones de los funcionarios públicos al favorecer a familiares o amigos en contra del interés público. Es considerado como una falta administrativa grave y cuenta con una ruta para su investigación y procesamiento. La mejor forma de despejar las dudas es con datos e información verificable y no con puestas en escena. El problema es que, al tratar de responder sobre este caso, se reveló un posible delito de tráfico de influencias en el que está involucrado el hijo del Presidente y el empresario asesor y supervisor del Tren Maya, una de las obras emblemáticas de esta administración.

Tal vez, al igual que en el caso Odebrecht, el hijo del Presidente se encuentre inmiscuido en una situación similar a la metáfora de la tortuga en el árbol del caso Odebrecht. Cuando Marcelo Odebrecht explicó en su juicio cuáles eran los instrumentos corruptores de su empresa, narró el modus operandi de un área desde la cual se hacían relaciones, se contrataban a funcionarios y se financiaban campañas electorales. Todo a cambio de un trato preferencial. Esto se conoció como la tortuga en el árbol, es decir, si la ves, sabes que muy probablemente no llegó ahí sola, sabes que alguien la puso ahí para cumplir con un propósito y que por lo tanto, lo más sensato es bajarla de inmediato. Por más discursos y comunicados que haya, palabra contra palabra no sustituirá la evidencia.

Twitter: @louloumorales