La reciente extradición de Ovidio Guzmán, hijo del otrora líder del Cártel de Sinaloa, supone el último hito de la relación bilateral entre Estados Unidos y México en temas de seguridad. Celebrada en Washington con bombo y platillo como un hito en la cooperación policial entre ambos países, la veloz extradición parece concordar con los tiempos políticos. Frente a la elección de 2024, esta detención supone para Biden un resultado vistoso en la lucha contra el tráfico de fentanilo, uno de los problemas de salud más graves para los estadounidenses, que tan solo en 2022 tenía 12 millones de consumidores, y ocasionó 110 mil muertes por sobredosis. En Palacio Nacional, no obstante, la reacción fue algo distinta: el mandatario mexicano dio la impresión de haber cedido con la extradición, para evitar su uso político en la elección norteamericana.

La cooperación de ambos países en materia de seguridad, sin duda, es un tema que está permanentemente en la agenda binacional. Dada la importancia de México para la seguridad nacional de Estados Unidos, desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 aumentaron los operativos conjuntos. Más tarde se avanzó a la Iniciativa Mérida, cuyo objetivo era consolidar la cooperación binacional en lo que respecta a la seguridad entre ambos países a través de 4 pilares. Dicho programa estuvo plagado de complicaciones, desde su concepción asistencialista hasta la incapacidad, ya en el gobierno de Peña Nieto, de detectar su verdadera efectividad, pues después de dos sexenios no parecía remitir el tema de la inseguridad. A partir del 2021, se consolidó el Entendimiento Bicentenario, con el objetivo de cambiar el enfoque hacia una visión preventiva de la seguridad, sin embargo, poco sabemos de los resultados y el trabajo que este mecanismo ha dejado.

Las prioridades en materia de seguridad de Estados Unidos y México son distintas. Mientras que en México la urgencia se centra en la reducción de la violencia, en el país vecino el discurso se centra en los narcóticos y en la crisis de salud ocasionada por el fentanilo, de la cual han culpado a los países productores sin ninguna autocrítica al abordaje fallido que a esta problemática se le ha dado en su país.

Durante este sexenio, la relación bilateral ha tenido diversos vaivenes. La detención de Cienfuegos orquestada por Washington en 2020 sin conocimiento de autoridades mexicanas, fue interpretada como un gesto de desconfianza y mala coordinación entre ambos países. La relación con la DEA no ha sido menos compleja. Desde el catastrófico arresto fallido de Ovidio Guzmán en 2019, que dio paso al "Culiacanazo" —cuando el gobierno actual, tras la amenaza del Cártel de Sinaloa de asediar a la población, decidió liberar al hijo de El Chapo— quedó patente la inconformidad de las autoridades norteamericanas con el procedimiento del gobierno federal. Dentro del reproche el punto clave era la insistencia de las autoridades norteamericanas para concretar y acelerar las extradiciones pendientes. Este nuevo episodio nos obliga a reflexionar, de cara a las elecciones, sobre las prioridades y acuerdos en materia de seguridad de ambos países, así como en la responsabilidad compartida que sostienen.

Con los procesos electorales de ambos países se aceleran las necesidades de los gobiernos por ofrecer resultados y liberar las presiones. Sin embargo, un cambio de enfoque en ambos lados de la frontera es necesario. Por más vistosas que puedan ser este tipo de capturas, no atacan los problemas de fondo. Mientras el mercado de Estados Unidos siga requiriendo fentanilo, con toda probabilidad el vacío de poder que deja Guzmán tras su captura será llenado por un nuevo liderazgo capaz de continuar con el trasiego y tráfico de opioides. La crisis de salud pública debe atacarse con un abordaje integral, con énfasis en la prevención y la reducción del daño. Lo mismo vale, en su cruzada, para el gobierno mexicano. Los resultados más evidentes de la cooperación binacional parecen reproducir la dinámica de los anteriores sexenios: capturas espectaculares orquestadas por el FBI y la DEA, en coordinación con las autoridades de seguridad mexicanas. Mientras la estrategia de seguridad no se centre en un enfoque preventivo, que ataque las causas profundas del crimen, la inseguridad continuará.

@EuniceRendon