Todos los gobiernos del mundo, tienen entre sus múltiples responsabilidades la de llevar a cabo acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control en materia de obra pública, pues las ciudades del mundo, están de alguna manera obligadas a evolucionar en cuanto a infraestructura, vialidades, etc, que estén a la altura de la expectativa de sus gobernados.

Sin embargo, la obra pública que por ley ejercen nuestras autoridades, en muchas ocasiones, no necesariamente son llevadas a cabo por las mejores empresas de la ciudad y por ende, las obras suelen ser lentas, mal planeadas, mal ejecutadas y más costosas de lo presupuestado, lo cual conlleva daños colaterales como por ejemplo daños a propiedad privada en donde se esté llevando a cabo dicha obra pública o la afectación a negocios que lleven su actividad comercial en la zona remodelada.

Es importante mencionar, que igualmente en muchas ocasiones, los proyectos de obra pública son muy bondadosos y visionarios, que traen cambios innovadores en materia de movilidad, medio ambiente, aprovechamiento de espacios públicos, buscando siempre mejorar la calidad de vida, generar plusvalía en la zona etc. Sin embargo, aunque estos proyectos, al contrario de lo anteriormente mencionado, si sean ejecutados por las mejores empresas, cuando hablamos de obra pública es natural que por diversos factores la obra pudiera llevar más tiempo del proyectado para su conclusión, lo cual, de igual forma, conlleva afectaciones económicas sobre todo para los comercios que se encuentren en la zona, o daños a la propiedad privada de los vecinos.

Ante esta inminente problemática, muchas veces los vecinos y comerciantes afectados, se ven indefensos ante la autoridad, que, por un bien mayor, o por utilidad pública, deben llevar a cabo las obras necesarias para la ciudad. Por ello, es necesario que, desde nuestro marco jurídico en la materia, se contemplen medidas que puedan prevenir este tipo de problemáticas en futuros proyectos.

Actualmente en Nuevo León, está sucediendo una problemática muy particular respecto a este tema en el municipio de San Pedro Garza García, donde una obra como la regeneración de todo el centrito valle y sus alrededores, zona que tiene una vocación más comercial que residencial, ha afectado severamente a los comerciantes que operan en la zona, muchos de ellos negocios familiares con más de treinta años. En ese sentido, los comerciantes se manifestaron pidiendo empatía de la autoridad responsable, en este caso el municipio de San Pedro, pues no se oponen a la remodelación de la zona, sino que critican las formas en como esta se está llevando a cabo.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) sostiene la importancia de brindar apoyos e incentivos fiscales cuando los negocios son perjudicados por variables exógenas, como la pandemia que vivimos y obras de mantenimiento. Siguiendo el mismo caso, dicha organización pidió al municipio de San Pedro Garza García, por ejemplo, que condone el impuesto predial para los negocios afectados por las obras de la mencionada obra, además de descuentos para la renovación de licencias y permisos para la venta de alcohol, esto tras argumentar que las ventas de estos negocios han disminuido hasta 50%. El presidente de la CANIRAC también hace énfasis en la imperatividad de tomar medidas que apoyen a los negocios cuando sus ingresos son afectados por obras de construcción y mantenimiento, señalando que en el caso de Centrito Valle, muchos negocios se encuentran "al borde del colapso".

En este sentido, a raíz de este polémico caso y de muchos otros más en la zona metropolitana de Monterrey, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, haciendo eco de la petición de muchos vecinos, ponemos a consideración que podamos reformar nuestra Ley de Obras Públicas para establecer que ante cualquier proyecto de obra pública, que al ejecutarse impida al ciudadano el libre tránsito y acceso a la zona en remodelación, la autoridad responsable debe contar con un plan de apoyo a los vecinos afectados del área cercana a la remodelación, así como responder ante cualquier afectación que se cause a las propiedades de los particulares.

Con lo anterior, buscamos que todos los vecinos de Nuevo León tengan una certeza jurídica ante una eventual obra pública que realice alguna autoridad y que estos se vean afectados ya sea en sus ingresos, en sus propiedades, el cierre de sus negocios, el despido de empleados, y todos los problemas que muchas veces los afectados viven por la lentitud e irresponsabilidad de los gobiernos en turno.