Es lamentable ver que la violencia en los centros escolares no cesa, las estadísticas muestran una tendencia al alza en los espacios que deberían ser seguros para niñas, niños y adolescentes, en 2022, 3.3 millones de estudiantes, de 12 a 17 años de edad, fueron víctimas de acoso en el ámbito escolar, lo que representa que el 28 por ciento de los 11.7 millones que asistieron a la escuela sufrieron este tipo de violencia.

De los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar en bullying, sitio que evidencia la gravedad del flagelo, pues el 55.9 por ciento de las y los estudiantes del mismo rango de edad mencionaron que compañeras y compañeros de sus centros de estudio les habían hecho burlas o puesto apodos que no les gustaban u ofendían, lo que ha impactado en su desarrollo personal e intelectual.

En México no se han logrado reducir los índices de impunidad, debido a la falta de confianza en las autoridades responsables de la administración y procuración de justicia; de cada 100 delitos que se cometen, solo el 6.4 por ciento se denuncian y tan solo el 0.9 por ciento se resuelven, esto significa que solo 14 casos concluyen en una sentencia.

Pero la violencia en los centros escolares no solo ha crecido, sino que ha escalado y hemos conocido casos que además del daño psicológico, tienen secuelas físicas como pasó con Cristián Carranza, que fue rociado con gasolina y prendido en fuego por dos compañeros de su escuela.

El 18 de noviembre pasado, Cristián acudió a un taller de mantenimiento de motocicletas, en una escuela de mecánica automotriz en Texcoco, Estado de México, y durante la clase, enfrente del profesor y otros alumnos, un compañero le roció gasolina sobre su pantalón; luego, otro estudiante le prendió fuego con un encendedor, provocándole quemaduras en segundo y tercer grado en sus piernas y genitales.

Otro caso de violencia extrema sucedió en marzo pasado en Teotihuacán, Estado de México: Norma Lizbeth, estudiante de 14 años que, tras ser golpeada por una compañera de la secundaria, falleció.

Son casos de violencia extrema en centros educativos que hacen inaplazable que las autoridades educativas federales y estatales se alleguen de expertos que analicen el impacto de las violencias criminales y sociales en familias, barrios y escuelas, el cómo afecta el entorno a niños, niñas y adolescentes, para frenarlas y prevenirlas.

Aun cuando la violencia extrema no se frene a corto plazo, las escuelas pueden incidir en su propio ámbito para reducir el acoso mediante programas de prevención que integren a las familias y a la comunidad, además de fomentar la cultura de la denuncia.

La tolerancia y normalización de la violencia fomentan el silencio, por ello es necesario impulsar la cultura de la denuncia, como política pública para que niñas, niños y adolescentes sean dotados de herramientas y mecanismos que les permitan identificar situaciones de abuso o violencia, además de cómo actuar en caso de presenciar o ser víctimas.

La tecnología permea con extrema rapidez en nuestra vida diaria, por ello niñas, niños y adolescentes deben tener acceso a sus derechos para que desde edades tempranas tengan la conciencia de que son sujetos de derechos.

Es urgente que desde los distintos espacios enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, que no deben tolerar ningún tipo de abuso, que tienen el derecho a manifestarlo y a denunciar cuando son violentados en el espacio escolar, social y familiar.