A 54 años de la masacre estudiantil del 10 de junio de 1971, el gobierno federal bien merece ofrecer otra disculpa pública como la ofrecida a los familiares de las víctimas del 2 de octubre de 1968 y a la sociedad mexicana en su conjunto, en la cual se reconozca la responsabilidad política del Estado Mexicano por la violencia gubernamental perpetrada contra los estudiantes.

    La mañana del 2 de octubre del año pasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció la disculpa pública a nombre del Estado Mexicano por la masacre estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, mediante la firma de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación y que constituyó su primera acción de gobierno como mandataria.

    Al igual como se le atribuyó la grave atrocidad gubernamental al Presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas asumió la responsabilidad de ordenar reprimir al movimiento estudiantil del 68, se le deberán atribuir responsabilidades ahora al Presidente Luis Echeverría Álvarez y al Regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez, entre muchos otros altos funcionarios, por la cruenta represión durante el tristemente recordado "Halconazo".

    Ambas represiones tuvieron como consecuencia cientos de muertos, heridos, torturados, detenidos y desaparecidos. Tanto la masacre de Tlatelolco como la del Jueves de Corpus exhibieron al Estado represor y autoritario que usó la fuerza de las instituciones militares y policiacas en contra de la juventud beligerante, con total impunidad y sin nunca ofrecer perdón alguno. 

    Por ello, ofrecer disculpas a las madres, a los padres, a los hermanos y a las hermanas de las víctimas del 10 de junio, así como a demás familiares y sobrevivientes de dicha barbarie, es un acto subsecuente a favor de la justicia y en contra de la impunidad para preservar la memoria histórica y la no repetición de este tipo de hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad.

    Para el movimiento urbano-popular de Monterrey son fechas que ¡no se olvidan! ni con el perdón concedido. Cada año seguiremos tomando las calles para exigir justicia y castigo a los responsables intelectuales y materiales de la masacre cometida a plena luz del día en la Ciudad de México.

    Cada 10 de junio rendiremos tributo a los mártires caídos en la lucha por la autonomía de la Universidad de Nuevo León, reprimidos violentamente por más de mil paramilitares del grupo "Los Halcones", apoyados por trabajadores del Departamento del Distrito Federal, del Agrupamiento de Granaderos  de la Policía de Ciudad de México, de agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de la Secretaría de Gobernación, de la Policía Federal de Caminos y soldados del Estado Mayor Presidencial, en la marcha convocada por dirigentes de la UNAM y del IPN en apoyo a los estudiantes de la entonces UNL.

    Antes y durante los hechos se cometieron asesinatos, maltratos, torturas, persecuciones, espionajes, criminalización, homicidios, detenciones ilegales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Desde la Presidencia de la República el Estado coercionó la libertad de expresión y lanzó una campaña de desprestigio y descrédito contra los grupos opositores al Presidente Echeverría, al grado de difundir que ¡el gobierno era víctima de los hechos!

    Investigaciones periodísticas posteriores documentaron que durante la masacre fueron asesinados a tiros y a golpes más de 225 personas, en su mayoría jóvenes universitarios de entre 16 y 22 años de edad, así como a participantes del movimiento del 68 y a testigos de los hechos. Además, a un número indeterminado de heridos, incluyendo a periodistas, fotógrafos y corresponsales extranjeros, con el fin de que los hechos no fueran registrados ni difundidos.

    Varios participantes de la marcha reconocieron que fueron salvados de la muerte por vecinos de las colonias aledañas de Santo Tomás, Agricultura, Plutarco Elías Calles, Tlaxpana, Santa Julia, Atlampa, Tlatilco, San Rafael y Santa María la Ribera, hasta donde se extendió la persecución y los hechos de violencia. Otros heridos fueron ´rematados´ o secuestrados por los ´Halcones´ y miembros de la DFS mientras se encontraban en el Hospital Rubén Leñero.        

Aparte de la disculpa pública por la matanza del 10 de junio de 71, a 54 años de la represión lo único que falta es la acción de la justicia para esclarecer los hechos, fincar responsabilidades y garantizar la reparación del daño, ya que en la Fiscalía General de la República hay más de 50 expedientes penales que se tienen que resolver sea quien sea el inculpado.

"¡Por los caídos, no un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha!"