Opinión Columna


No hay justicia sin ley


Publicación:20-04-2019
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Las universidades están mudas. Olvidan que además de enseñar deben "realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales".

 

Se creía que México estaba colgado de alfileres. Ahora que vemos el desprecio constitucional nos damos cuenta de que el país estaba colgado efectivamente de alfileres, pero éstos pendían del texto constitucional. Al menos nadie se atrevía, a pesar de todas las rapacerías, a desdeñar expresamente la Constitución Política. El último (espero así sea) episodio tiene que ver con el memorándum del presidente de la República dirigido a los secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda.


No es la primera vez: al arranque del gobierno, cinco senadores llegaron a sus escaños violando el texto constitucional. Nestora Salgado y Napoleón Gómez Urrutia no debieron ocupar la representación popular porque existe disposición expresa de la Constitución que lo prohíbe (Art.32): "El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiere ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad…".


Por si fuera poco, otros dos senadores Manuel Velasco y Miguel Ángel Mancera, llegaron a sus curules en violación al artículo 55 fracción V: "los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aunque se separen definitivamente de sus puestos".


La misma secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tampoco era apta constitucionalmente para ocupar el escaño senatorial. Si su destino era Gobernación, una de las pocas designaciones tan bien recibidas por la opinión pública, no se veía la necesidad de violar la Constitución, particularmente habiendo sido ella ex - ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículos 55: "Para ser diputado se requiere: … No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación… salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección". Artículo 58: "Para ser senador se requiere los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección".


Más adelante en la Iniciativa de reforma constitucional sobre evaluación educativa se mutiló el párrafo del artículo 3º constitucional que garantiza la autonomía universitaria. El presidente señaló que se trató de un error y que habría de corregirse, lo que todavía no sucede, no se ha enviado una nueva Iniciativa o la rectificación. Por menos de eso en cualquier país del mundo el responsable de semejante descuido hubiera dimitido.


El memorándum a los secretarios para que violen la Constitución es una aberración jurídica cuya defensa ha corrido a cargo de un lego en derecho, el senador Pablo Gómez. Sus argumentos son eso, los de un lego que desconoce el más elemental principio constitucional: los actos de autoridad deben fundarse y motivarse. Cualquier estudiante de derecho constitucional se da cuenta de la gravedad de la violación presidencial. Se han escuchado voces de juristas: Diego Valadés, José Ramón Cossío, Miguel Carbonell, al igual que López Aylon del CIDE. No obstante, a pesar del ejemplar posicionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del comunicado de Consejo General de la Abogacía que alerta sobre la responsabilidad penal de los funcionarios a quienes está dirigido el memorándum de no cumplir con el acatamiento a la Constitución, no se escucha todavía a las instituciones jurídicas.


Las universidades están mudas. Olvidan que además de enseñar deben "realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales". La Escuela Libre de Derecho se ha mantenido al margen y la UAM desventuradamente continúa en huelga.


El presidente comete errores jurídicos, pero atribuidos políticamente a sus colaboradores. En ocasiones acepta la equivocación. Esta es una oportunidad para que asigne a la justicia el valor como objetivo último de la ley. No hay justicia sin ley. Lo que diga el dedito del mandatario es la vía directa a la dictadura.


Twitter: @DrMarioMelgarA



« Redacción »
Mario Melgar Adalid

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