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Opinión Editorial


No es lo mismo la gimnasia que la magnesia


Publicación:14-07-2022
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En la función pública se pueden confundir las acciones gubernamentales con el activismo social

Algunos refranes mexicanos ayudan a interpretar y explicar la realidad de manera simple e incluso chusca.

Aunque suenan parecidas, la gimnasia y la magnesia son dos cosas completamente diferentes.

En la función pública se pueden confundir las acciones gubernamentales con el activismo social.

Ser activista social significa ser solidario, comprometerse, exigir a las autoridades con una libertad de expresión amplia y con recursos propios o de personas voluntarias en la mayoría de los casos.

Mientras tanto, la función pública significa necesariamente hacer uso de los recursos del estado, recursos públicos que provienen del pago de impuestos de la sociedad y de la administración de la riqueza del estado por parte del gobierno. Y está por tanto sujeto a la observancia de la ciudadanía y otras autoridades.

Las principales diferencias entre activismo y función pública se enfocan en específico en la supervisión de las conductas de las personas funcionarias, su apego a las leyes sin transgredirlas y el buen uso del recurso público, al ser un bien de toda la sociedad.

Los funcionarios no "ayudan". Los funcionarios ejercen las funciones encomendadas en la ley

La "ayuda" sería desinteresada, sería un tema altruista, provendría de recursos propios y no utilizará las cuentas oficiales del estado para publicitar esas acciones, no haría tampoco uso de otras y otros funcionarios públicos para avanzar en sus proyectos.

La ayuda, para que quede claro, no implica el uso de la maquinaria del estado.

Lamentablemente los mismos funcionarios se dedican a confundir a la sociedad disfrazándose de activistas, fingiendo dar ayuda desinteresada e incluso enfrentando a algunas otras autoridades incómodas.

Tal es el caso de autoridades enfrentando a la CEDH por una recomendación realizada a varias autoridades por la violación a derechos de menores en el DIF Capullos.

Las autoridades deben dialogar en un trato fraterno y respetuoso, no deben enfrentarse en el plano personal o tomar una recomendación como un ataque personal, cuando se trata de un asunto institucional.

Ningún cargo en la función pública viene sólo con presupuesto y poder en la toma de decisiones, también viene con responsabilidades, obligaciones y limitaciones. Una de las limitaciones son las obligaciones de privacidad de datos sensibles para todos aquellos sujetos de responsabilidad, personas que manejan está información y la deben resguardar.

Datos como: nombre, edad, sexo, estado de salud, situación familiar son datos sensibles de menores que los hacen identificables y que deben ser tratados con secrecia y profesionalismo. 

Las imágenes de menores bajo resguardo del estado han invadido las redes sociales, noticieros en televisoras, revistas, periódicos de NL, etc. vulnerando la protección de datos, el derecho a la intimidad, a la propia imagen y otros derechos de los menores. Imágenes incluso el caso de un menor que oresentaba daños en la piel por los abusos que sufría, lo cual es inaceptable.

Cuando provenimos del activismo podemos confundirnos y pensar que tenemos las mismas libertades que antes, pero no es así.

Al recibir un nombramiento y aceptarlo debemos considerar que ese título, nombramiento o asignación viene con un paquete de responsabilidades que de cumplirse nos hará mejores funcionarios, servidores o profesionistas.

Todo contrato en las empresas se acompañan de obligaciones y derechos. 

Creo que el Ejecutivo del Estado debería informar a todo su equipo antes de nombrarles o en su caso remediar el daño ocasionado y evitar la repetición de los hechos.

Cómo decía el adagio de Damocles, un gran poder conlleva de una gran responsabilidad.

Sin duda estamos en un momento en que podemos detectar áreas de oportunidad en todos los niveles de gobierno y la humildad nos permitirá tomar mejores decisiones para beneficio de los más desprotegidos, no sólo en el tema económico o material, sino en la defensa de su dignidad como personas y sujetos de derechos como los adultos.

Hago un llamado respetuoso a las autoridades a no confundir a la sociedad, nosotras y nosotros no "ayudamos", quienes tenemos algún nombramiento cumplimos las funciones encomendadas en la ley por voto popular o designación directa. 

Tampoco debemos exigir a los demás cooperar económicamente en nuestros proyectos para poder opinar, ya que como lo mencioné al inicio la sociedad ya ayuda pagando impuestos y el gobierno administra la riqueza del estado. Es decir, la sociedad ya coopera, cada vez que trabaja y cada vez que paga sus impuestos en servicios y en artículos varios y no es requisito hacer una segunda cooperación para poder opinar. 

Cuando concluyamos nuestra labor podremos volver al activismo con más libertad, pero por ahora debemos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan cómo lo juramos al inicio de nuestro encargo.




« Jessica Martínez Martínez »
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