Desde el primer momento de su gobierno, Andrés Manuel ha respaldado a la Sedena y a la Marina basándose en sofismas relacionados a que son confiables, no son corruptos, ayudan en los desastres naturales, tienen entrenamiento serio, son una institución conformada por el pueblo y la ciudadanía los quiere en las calles. Así que no sólo les ha entregado el control de la seguridad del país, sino más de un tercio del presupuesto nacional. La percepción de confianza que históricamente han tenido las fuerzas armadas puede ahora ponerse en duda. Los Guacamaya papers dejan en evidencia que la confianza que la ciudadanía mexicana deposita en el ejército se reduce a la idea "del buen soldado, el entrenado para defender a su nación", ya que colocan a la Sedena como una institución poderosa y capaz de saber lo que pasa en cada rincón del país, pero contradictoramente inmóvil ante la información que controlan.

México lleva 16 años sumido en una crisis de violencia y derechos humanos. Tres presidentes y tres partidos distintos: Calderón, Peña y López Obrador no han atinado a emprender una estrategia de seguridad sólida y civil que contenga la violencia.

Si alguna certeza ofrecen hasta ahora los Guacamaya papers es que la Sedena tiene la capacidad para saber quién o quiénes están cometiendo actos ilícitos en el país. Si hacemos el ejercicio de contraponer la información de los Guacamaya frente a la realidad de inseguridad del país, no parece haber explicación lógica, ¿por qué los cárteles de la droga tan bien identificados por los militares, en vez de debilitarse crecen?

Parece que el ejército a pesar de su habilidad para contar con información detallada sobre los grupos que provocan la inseguridad y desatan las peores de las violencias, es omisa permisiva. Más que un seguimiento de inteligencia que sea acompañado de operativos de prevención y detenciones articuladas, se detecta solamente un monitoreo de operaciones que corrobora comportamientos previsibles sin intención de deshabilitarlos.

Frente al discurso matutino soportado por diversas instituciones y funcionarios de esta administración que no sólo aseguran, sino que presumen todas las semanas combatir al crimen organizado, estamos obligados por lo menos a lanzar unas cuantas preguntas:

¿La información de los Guacamaya Papers es la misma que presentan todos los días en las reuniones con el gabinete de seguridad? ¿El gabinete de seguridad si tiene la información fidedigna o también le muestran la información que se entrega en las solicitudes de información que por transparencia dan a los solicitantes? ¿El gabinete de seguridad está sorprendido con el seguimiento digital que ha hecho la Sedena sin que se traduzca en resultados palpables para la reducción de la violencia? Si las autoridades castrenses tienen identificadas a las organizaciones criminales y a sus líderes ¿Hay alguna instrucción para mantenerse al margen de esas operaciones? ¿las omisiones son involuntarias o responden a alguna instrucción desde el mando supremo?

La información que tienen derivada de las actividades de inteligencia, ¿la comparten con otras instituciones para llevar a cabo acciones conjuntas? Si las actividades de inteligencia arrojan información sobre delitos, ¿le notifican al Ministerio Público? Si ustedes saben lo que pasa en cada rincón del país, ¿Cómo explican que unas entidades federativas sean más violentas/peligrosas que otras? ¿A qué se debe que una ciudad como la CDMX, en la que tienen identificada a más de una decena de cárteles, no tenga los eventos de violencia que arremeten contra Guanajuato, Jalisco o Tamaulipas, por mencionar algunas entidades con menor número de carteles?

¿Hay algún tipo de intercambio de información entre la Sedena y las instancias civiles de protección sobre la estructura de organizaciones criminales y zonas donde se cometen más delitos? ¿Con tanta información cómo se explican las escasas detenciones que se han podido llevar a cabo?

Esperamos muchas respuestas. Con la confianza que le otorgaron la mayoría de los legisladores al ejército para mantenerse en las calles hasta el 2028, tendrán tiempo suficiente para demostrar que la inteligencia que aplican no resulte solamente un registro ocioso de posibles adversarios.