La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un pronunciamiento del domingo 30 de octubre de 2022 recomendó la transformación del Instituto Nacional Electoral con base en la recomendación general 46/2022 sobre violaciones graves a derechos humanos, así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social que incluía una especial en el Congreso de la Unión en los términos siguientes: “Llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano, en el sentido de fortalecer nuestra democracia formal, pero también las iniciativas de democracia participativa…”.   

El primer tiro en el pie. La CNDH es un órgano de Estado que debe actuar dentro de sus facultades constitucionales y por su función debe ser ejemplar en el cumplimiento del orden jurídico. La violación al principio de actuar siempre apegada a la competencia es una trasgresión directa a los derechos humanos, ya que es sinónimo de arbitrariedad y abuso de poder. La frase presidencial “no me venga con que la ley es la ley” es un insolente aviso de lo arbitraria que puede ser una autoridad y debiera ser objeto de una recomendación inmediata y sin que medie denuncia de la CNDH. 

La recomendación general referida es una explicación del silencio de la CNDH ante las declaraciones impropias del presidente López Obrador y es una perla de la arbitrariedad en su máxima expresión. La materia electoral está excluida expresamente de sus atribuciones. En ese sentido, no puede válidamente emitir juicios sobre el desempeño del INE y no puede hacer recomendaciones al Congreso de la Unión en ese campo. Es sabido que el derecho a la seguridad jurídica es un límite a la actividad estatal y esta no existe cuando quien debe garantizarlo lo viola groseramente. 

El segundo tiro en el pie es la afirmación siguiente: “Órganos autónomos (en referencia al INE) únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales". Esta frase del pronunciamiento del 30 de octubre es exagerada, imprecisa y tendenciosa, al grado que siete de los diez consejeros consultivos de la CNDH aclararon en una carta pública que hayan discutido o avalado la transformación del INE (El Universal, 01-11-22). 

¿Qué es un sabotaje a la voluntad del pueblo? Si suponemos que esta voluntad es una mayoría política cambiante, los órganos autónomos cumplen con su deber constitucional en la medida que son un límite efectivo a la actuación de los órganos estatales, especialmente, al gobierno y mantienen el ejercicio del poder social dentro del respeto de los derechos de las minorías y son garantía de su uso racional por quien resultó ganador en las elecciones. La oposición a las decisiones del ejecutivo y la denuncia de su actuación indebida es lo esperable de un órgano autónomo lo que no puede ser identificado como sabotaje. 

Si suponemos que la voluntad del pueblo es la palabra del presidente en turno, los órganos autónomos que no se plieguen a ésta incondicionalmente pueden convertirse a los ojos de los gobiernistas en instancias que “sabotean” un proyecto político y paradójicamente su funcionalidad constitucional es evitar que una mayoría electoral imponga su visión fuera del orden jurídico o violentando derechos. La más apreciada expresión de un derecho político avanzado que consiste en que las personas tenemos la facultad de exigir la existencia de un régimen en el que no haya concentración de poder en una institución y mucho menos en una persona en particular por muy popular que ésta sea. 

Si suponemos que la voluntad del pueblo es la forma de organización que se construye con instituciones constitucionales a lo largo del tiempo y que incluye visiones plurales e intergeneracionales, entonces, está es la que ha legitimado a los órganos autónomos como garantías ciudadanas de que el ejercicio del poder no estará sometido a los designios de una mayoría política coyuntural. 

En este último sentido, el INE no es saboteador de la voluntad del pueblo y la CNDH, casi inexistente en este sexenio, con su pronunciamiento pone en duda su imparcialidad, profesionalismo y objetividad con la que debe actuar alejada de la lucha política.  

La CNDH se dispara dos tiros en el pie. Uno cuando actúa fuera de su competencia y, por ende, del orden jurídico, cuya misión es defenderlo. Otro cuando contraviniendo su esencia constitucional se involucra en la contienda entre el gobierno y la oposición y toma partido por uno de ellos en una inexplicable defensa por una reforma que pretende subordinar a un órgano autónomo a la voluntad del presidente, que equivocadamente considera la del pueblo. 

Investigador del Instituto Mexicano de Estudios  

Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales 

cmatutegonzalez@gmail.com