El día de ayer, el subsecretario Mejía exhibió públicamente a la jueza Karla Macías por la suspensión definitiva contra el decreto que transfiere la Guardia Nacional a la Sedena. El subsecretario, además, afirmó que este tipo de resoluciones afectan a la seguridad pública y generan impunidad. Desgraciadamente no es la primera vez que un juez federal es exhibido en la mañanera por otorgar suspensiones contra proyectos impulsados por el Ejecutivo. Tampoco es la primera vez que se les acusa de ser generadores de impunidad en el país. Lo que resulta preocupante es que la crítica a la jueza Macías, basada en un argumento incorrecto de exceso de facultades, acaba reforzando la idea equivocada de que los jueces son los causantes de la impunidad en el país y deteriorando a su vez la independencia judicial.

Respecto al tema de impunidad no es difícil contradecir la idea de que los jueces son los principales responsables. Tan solo basta con mencionar una numeralia general del tema para identificar quiénes son los responsables. De acuerdo con la ENVIPE 2022, se cometieron más de 28 millones de delitos el año pasado. De estos, tan solo el 10% se denunció. Cuando se les preguntó a las personas la razón por la cual no denunciaron, la mayoría dijo que fue por considerarlo una pérdida de tiempo y por desconfianza en la autoridad. En el país los que siguen teniendo el monopolio de la denuncia son las fiscalías y procuradurías. Ahora, de los delitos que sí se denuncian no todos se investigan, lo cual nuevamente es un tema de las fiscalías. Y de los delitos que sí se investigan un porcentaje muy bajo tiene una determinación efectiva. Lo que da como resultado que la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en el país es de tan solo 1.04% (dato de Impunidad Cero), todo esto debido al trabajo ineficiente de las fiscalías.

Tomando en cuenta estas cifras se puede concluir que es muy poco probable que las víctimas de los delitos en México tengan contacto con un juez y menos aún con un juez federal como es el caso de la jueza Macías. Sin embargo, la imagen que tiene la sociedad mexicana de los juzgadores es negativa y muy equivocada. Negativa ya que se les considera extremadamente corruptos, y equivocada en el sentido de que se les atribuyen facultades que no tienen, como es el tema de la denuncia e investigación de los delitos. Con esto, no quiero decir que todos los jueces en el país sean honestos y que no es necesario analizar el tema de corrupción el Poder Judicial, me refiero a la idea generalizada que se tiene de su labor comparada con la poca probabilidad de tener contacto con uno de estos servidores.

Si en verdad hubiera una preocupación por el tema de impunidad y seguridad en el país, el presidente tendría muchas cosas que hacer que sí son de su competencia. Para empezar, podría analizar la labor del fiscal general, dado que su actuación ha estado marcada por escándalos de exceso de facultades. En este tema, el presidente sí tiene la posibilidad de remover al fiscal que tanto daño está haciendo al tema de impunidad en el país. Por otro lado, está el tema Ayotzinapa y del papel que la Segob y la Sedena están jugando para impedir la justicia para el caso. Ante estas dos instituciones el ejecutivo también tiene injerencia.

Desgraciadamente lo que se busca con este tipo de descalificaciones públicas a jueces en las mañaneras es vaciar de significado el tema de impunidad en el país y debilitar la independencia judicial. Si al final la impunidad se convierte en bandera de persecución política, lo que se refuerza es la idea de que la única justicia en México es la del castigo político.

Analista. @itelloarista