AMLO comete un grave error político al confrontarse abierta y directamente con Xóchitl Gálvez, pues eso lo convierte en su principal promotor, su jefe de campaña pues, tal como en su momento lo hizo Vicente Fox con el hoy presidente. El resultado todos lo conocemos.

López Obrador debería dejar que la aspirante a la candidatura presidencial aliancista se confronte con sus pares de Morena y no rebajarse a debatir con quien no es su igual ni está a su nivel, políticamente hablando.

Gálvez es habilidosa, marrullera. Que AMLO no deje de criticarla, le puso en bandeja de plata a la senadora dizque ciudadana, la posibilidad de acusarlo ante el INE de intromisión en asuntos electorales, tal y como López Obrador le reclamó a Fox en su momento con el inolvidable "¡cállate chachalaca!".

El órgano electoral no tuvo otra que reconocer la evidente intromisión, aunque la simulación en marcha tanto del Frente Amplio por México como de Morena disfraza con la búsqueda de cargos partidistas la de candidaturas presidenciales, que para no violar la ley. Por eso ordenó al presidente no quebrantar los principios de neutralidad y equidad.

AMLO respondió el viernes pasado que pretenden silenciarlo y dio a conocer información de los millonarios contratos obtenidos por dos empresas de Xóchitl, sugiriendo tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Al hacer pública información sobre probables delitos, el Presidente podría haber incurrido en otros probables delitos: violación del secreto fiscal y abuso de poder, por lo que Gálvez ya anunció que lo demandará legalmente.

La información consigna que entre 2015 y 2023, las empresas "High Tech Services" y "Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes" (OMEI), propiedad de Xóchitl, recibieron contratos por poco más de mil cuatrocientos setenta y dos millones pesos. De ese total, mil cuatrocientos dos millones de pesos son con el sector privado y 70.3 millones con el público.

Entre 2015 y 2018, cuando Xóchitl fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo los montos en contratos gubernamentales fueron en aumento año con año: 4.4 millones de pesos (2015), 5.2 millones (2016), 9.8 millones (2017) y 19.2 millones (2018). Para 2019, ya senadora, fueron disminuyendo: 18.1 millones en ese año, 4.1 millones (2020), 4.6 millones (2021), 3.5 millones (2022) y 725 mil pesos en lo que va de 2023.

Los contratos con el sector privado también tuvieron su mejor momento con Xóchitl jefa delegacional: 36.5 millones en 2015, 171 millones en 2016, 241 millones en 2017 y 149.3 millones en 2018. Ya senadora, los montos bajaron: 99.5 millones en 2019, 124.3 millones en 2020, 84.9 millones en 2021, 40.2 millones en 2022 y 24.6 millones en 2023.

Aunque la información está concentrada en un listado sin sello oficial alguno, se infiere que fue recopilada por las dos únicas instancias que la tienen: el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. Como no se trata de información pública, su difusión implica violaciones al secreto fiscal y abuso de poder al utilizarla contra un adversario político, delitos en los que podría haber incurrido López Obrador.

Xóchitl, por su parte, deberá probar que los nada desdeñables ingresos de sus empresas no fueron producto del tráfico de influencias. Ya retó a AMLO: si se lo prueba, renunciará a sus aspiraciones, pero si no, él deberá renunciar a la presidencia. López Obrador no le entrará pues no hay comparación entre lo que una o el otro perderían, pero ya quedó como sacón ¡Qué manera de caer en el garlito!

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