Redefinir la Constitución o convocar a una Asamblea Constituyente sería resultado de la devastación institucional.

AMLO y Morena violan abiertamente las reglas que establece la Constitución. Primero lo hicieron con engaños, como en el acuerdo con la oposición para crear la Guardia Nacional y ponerle mando militar en vez de civil y después entregársela al Ejército. Este fue un engaño y una traición a la voluntad de cooperación política. No cabría aquí la gran cantidad de actos ilegales e inconstitucionales del Ejecutivo. Sólo agrego la más reciente, que ha sido esa especie de noche de los cuchillos legislativos en que la mayoría senatorial, obedeciendo al César, se impuso violando los procedimientos de ley.

Por la vía de los hechos consumados están destruyendo el orden constitucional. El método para imponer una autocracia es cambiar las leyes que norman el gobierno dinamitando las reglas para el cambio democrático que la Constitución prescribe. Esta forma de gobernar tiene un nombre: imposición anticonstitucional y autoritaria. Los afectados recurrirán a defender sus derechos, pero el gobierno tiene una estrategia para blindarse contra esta defensa.

Propongo algunos elementos para entenderla. El bloque de contención mantiene firme hasta ahora la moratoria constitucional y la Suprema Corte tiene una mayoría de ministros dispuesta a hacer valer la Constitución. Pero, precisamente por ello, AMLO y Morena recurren a imponer “leyes” de facto y al desacato abierto o velado de las resoluciones judiciales. Están creando una situación política que pretenden volver irreversible. Potencialmente, esta situación podría conducir al estado de excepción de jure y/o de facto. Es el manual de instrucciones de Carl Schmitt que contribuyó a legitimar el ascenso de Hitler y que, en el fondo, no difiere en esencia de las prescripciones de Lenin en el golpe de Estado de 1917.

Para consolidar a posteriori los hechos consumados, el presidente llama al “pueblo” a votar en 2024 para crear una supermayoría en el Congreso que les permita, de una buena vez, constitucionalizarlos. No sabemos si lo puede lograr en unas elecciones más o menos respetadas, pero seguramente lo conseguiría en elecciones controladas o fraudulentas. El cálculo que hace es que, de tener mayoría constitucional en las cámaras, a partir de 2024 podría holgadamente realizar una redefinición completa de la Constitución o convocar a una Asamblea Constituyente a su gusto. Este sería el resultado de la devastación institucional y del acorralamiento de la Suprema Corte, que es el último bastión de defensa constitucional. Gran parecido a lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela.

De darse un estado de excepción, las resoluciones de la Suprema Corte dejarían de tener efecto, pues se suspendería y sustituiría la Constitución vigente. Para llegar hasta ese punto, AMLO necesita “completar” el dominio de Morena controlando las elecciones (supermayoría) y desapareciendo al Inai. La rendición de cuentas —electoral o administrativa— es ya prácticamente inexistente y AMLO necesita desactivar la bomba de tiempo que le puede explotar si en el futuro se aplica la ley a su gobierno. Esto es inadmisible para la tribu populista y por ello necesita conservar el poder por los medios que sean necesarios. Lo peor de todo es que la SCJN no tendrá dientes si al atajar la inconstitucionalidad del gobierno de AMLO la desobedecen los órganos de aplicación de la ley, hoy controlados por él. No hay duda alguna de que lo que AMLO y Morena quieren es la interrupción de facto del orden constitucional para llamar a la imposición de un nuevo orden no democrático.

Esta estrategia para desmontar la democracia puede tener un valladar en la “marea rosa”, suponiendo que se convierta en mayoría y en los partidos de oposición, si reconocieran la naturaleza de la situación. En el año que media entre ahora y las elecciones federales, la presencia que han reunido las organizaciones de la sociedad civil tendría que traducirse en fuerza política. El objetivo fundamental es que esta fuerza impida la llegada irreversible al estado de excepción y reintroducir el pluralismo político como base incontestable del poder estatal. ¿Será posible detener la estrategia autoritaria? La pregunta está en el aire y no caerá al azar.