La delincuencia es una de las problemáticas que más aquejan a nuestra sociedad y que por años se han alzado las voces exigiendo sanciones justas. Esta problemática se incrementa cada vez más por múltiples razones: la falta de educación y cultura, el aumento de la población en las ciudades, las recurrentes crisis económicas que generan pobreza, las guerras, las enfermedades, las adicciones y el gran deterioro del tejido social.

Gran número de los delitos que se cometen, gozan de impunidad debido por el encubrimiento, la falta de resultados en la procuración de justicia y la falta de actualización en nuestro marco jurídico.

La seguridad de la gente es un factor esencial para el bienestar y es una de las razones primordiales de la existencia del poder público. Tenemos una obligación con la ciudadanía, pues esta nos delega su seguridad y nosotros adquirimos el compromiso de garantizarles la vida, su integridad y su patrimonio.

La sociedad neolonesa se encuentra lastimada. Altos índices de violencia y las cifras de delitos contra la vida como el homicidio y feminicidio, de delitos contra la libertad y la seguridad sexual como violaciones y abuso sexual, ubican a nuestra entidad como uno de los lugares más inseguros del país. Las y los ciudadanos se sienten intranquilos en la calle, en el transporte público, en su lugar de trabajo, en la escuela y en su hogar.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su Informe de Incidencia Delictiva 2022 para los delitos del fuero común, señala que en Nuevo León, durante lo que va del año, se han presentado 1,103 reportes de homicidios, 62 de feminicidios y 3,152 de delitos contra la libertad y la seguridad sexual como violaciones y abusos sexuales.  En ese sentido y de manera muy enérgica, los legisladores, activistas y colectivos defensores de derechos humanos, seguimos alzando la voz y buscando estrategias más efectivas de combate a la impunidad, que no permitan que personas con intereses mezquinos impidan el conocimiento pericial de los hechos punibles como ocultar evidencia, alterar escenarios para crear confusión y no se tenga certeza del presunto culpable, ni del grado de culpabilidad.

Combatir la delincuencia requiere que no se siga protegiendo más allá de quienes forman el núcleo principal familiar del delincuente. Sabemos, que en ocasiones no sólo quien delinque obtiene un beneficio o fin personal, sino que también las personas que lo rodean, por ello, es necesario adoptar medidas enérgicas que no incentiven la comisión de actos delictivos.

El encubrimiento es un delito que consiste en la realización de acciones o en la omisión de actos para dificultar o impedir el trabajo del ministerio público de investigar un delito e identificar a sus autores.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho referencia a la importancia de que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia lleven a cabo una adecuada investigación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de ahí que estamos convencidas y convencidos que permitir que se proteja a más grados en línea colateral hagan posible que la persona que comete un delito, no tenga la sanción correspondiente, máxime si este delito atenta contra la vida, la dignidad y la seguridad, se estaría atentando contra el derecho de toda persona a la justicia, en su variante de procuración a la justicia, como algo ajeno a ellas y lejano de acceder.

Es por ello, que presentamos una  iniciativa para  reformar la Fracción II del Artículo 314 del Código Penal del Estado con el fin de que nuestra legislación no genere redes muy amplias de apoyo a presuntos delincuentes, como sucede en los casos de violencia contra las mujeres y que como se ha venido argumentando, las víctimas no tienen acceso a una justicia pronta y expedita, además de que se atenta contra el bien jurídico tutelando en este delito que es la Procuración y Administración de Justicia y, más concretamente, la labor de investigación y persecución de los delitos por parte de la Autoridad competente.