Usted, lectora-lector, puede creerle a quien quiera en el juicio de Genaro García Luna, que se lleva a cabo en una corte de Brooklyn, Nueva York, y que es un caso muy relevante, porque lo que está en el banquillo es la viabilidad de la guerra contra las drogas de Estados Unidos y México, sus nulos resultados, su escasa utilidad luego de 51 años de sangre que han costado cientos de miles (¿o millones?) de muertos a causa de las balas y de los estupefacientes en ambos lados de la frontera. 

   Si usted es fan de Vicente Fox, ándele, créale el antiguo supercop, al exdirector de la Agencia Federal de Investigación durante el sexenio foxista, y sostenga que él nunca hizo montajes televisivos para presumir arrestos ni tampoco tuvo relaciones peligrosas con narcotraficantes, plagiarios y extorsionadores.  

   Si usted es admirador de Felipe Calderón y su guerra, venga, meta las manos al fuego por el exsecretario de Seguridad Pública (2006-2012), ese personaje que hechizó a tantos funcionarios, gobernadores, alcaldes, gente de la sociedad civil, y a no pocos periodistas que a diestra y siniestra dijeron ser amigos de quien -presumían sin pudor- era, según ellos, “el mejor policía de México y, si me apuras, hasta del mundo, mano”. 

  Si usted es un antiguo mirrey que amará siempre a su lord Enrique Peña Nieto, adelante, defienda al antiguo miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y jure usted que el caballero contratista en ese sexenio no fue ni es corrupto, que jamás desvió recursos para enriquecerse, y que ni él ni sus familiares recibieron millonarias transferencias del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Gobernación. 

   Si usted cree en la honestidad, rectitud y aptitudes detectivescas de ese ingeniero que apantalló incluso a académicos y a empresarios que lo hicieron su consultor, está usted en su derecho, defiéndalo en sus redes o en sus tertulias. 

   Si usted es un expolítico, un exalto funcionario gringo de seguridad o justicia, y recuerda con pasión cuando usted y los suyos no solo presumían a su mexican cop y le entregaban diplomas, reconocimientos y se tomaban fotos con él, sino que le compartían relevante información de seguridad nacional, archivos top secret, y le daban cuantiosos recursos a través de convenios de colaboración con México, good, continúe ensalzándolo, usted sabrá dónde terminaron esos documentos y dineros, y a quién beneficiaron en México y Estados Unidos.  

   Ahora bien, si usted no le cree nada a Genaro García Luna, y nunca se dejó hipnotizar por él, usted está en su derecho de crucificarlo. 

   Pero, entonces, ¿quién dice la verdad en el juicio contra el antiguo hijo predilecto de la DEA? ¿El supuestamente impoluto ex sheriff mexicano, acusado de tres cargos por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada, y otro por dar declaraciones falsas? ¿O el testigo de la Fiscalía, este violento criminal confeso, Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”? 

   No sea prejuicioso con el capo, demos una repasada básica a lo que suele suceder con este tipo de declarantes, que sin duda desde hace muchas décadas tienen sus pros y sus contras en el sistema estadunidense. ¿Qué podemos decir a favor? 

   1.- Que gracias a gente que estaba dentro de las organizaciones criminales las instituciones de justicia de Estados Unidos pudieron construir casos sólidos contra relevantes capos a partir de los años 30 del siglo pasado y lo siguen haciendo hasta estos días. 

  2.- Que gracias a esas infidencias de los delincuentes ha sido posible conocer la forma en que operan sus organizaciones no solo en cuanto al tráfico de estupefacientes, sino al trasiego de armas y al lavado de dinero, y gracias a ello se ha conseguido desmantelar parte de sus cárteles. Lo mismo ha ocurrido en México, como hemos visto plasmado a lo largo de los años en los informes de inteligencia del Estado mexicano.  

  En contra podemos afirmar que muchos de estos testigos son capaces de inventar cualquier cosa e incriminar a quien sea con tal de obtener beneficios para reducir sus penas.  

  Yo, yo no puedo creerle a ninguno, porque, en primer lugar, los periodistas debemos dudar de todo, especialmente de aquello que proviene del poder (de cualquier poder, ya sea establecido o fáctico), y en segundo lugar porque el periodismo no es un acto de fe sino un oficio que tiene que sustentarse en lo comprobable, lo verificable. De entrada le digo que, en mi experiencia, casi todos los servidores públicos mienten, ocultan información, o la tergiversan, y los criminales suelen ser mitómanos incurables.  

   Entonces, ¿en quién confiamos, quién podría ser veraz en este caso?