Sandra Romandía

EL UNIVERSAL

Las horas clave contra el #DecretazodeAMLO

México se podría estar jugando las próximas horas y días un paso a favor de la transparencia o un paso hacia atrás para retroceder a la época marcada por la opacidad.

Después de que este miércoles el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) votara a favor de interponer una demanda de controversia constitucional contra el "Decretazo" del Presidente que declara las grandes obras públicas como de seguridad nacional, el balón pasa a la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pasado 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declaró de "interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura" y en el que se instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar autorizaciones provisionales a los proyectos, en máximo cinco días hábiles, para "garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados".

Esto, sin lugar a dudas, da pie a que al ser de "seguridad nacional" no se abran los datos sobre costos, empresas involucradas, contratos y demás detalles de su ejecución.

Los senadores previeron proceder a una acción de inconstitucionalidad, pero resultó imposible debido a que el decreto no va contra actos o competencia del Poder Legislativo. Pero al incluirse el concepto de seguridad nacional y la información reservada, se afecta al instituto que vela por la transparencia. Es por ello la relevancia del papel que toma en este juego el Inai; probablemente es el ente que lograría frenar la entrada a ese túnel de opacidad al que el Presidente nos está llevando a ingresar como país.

El primer reto para el instituto al presentar la demanda –que se espera sea emitida en estos días– es demostrar que el acto que impugna genera una afectación en su competencia. Esto se fundamenta en la existencia del artículo 108 de la Ley General de Transparencia que prohíbe las declaraciones o reservas de información anticipadas y generales. Las leyes generales son un parámetro para la revisión de ciertos asuntos, según ya determinó previamente la SCJN.

El documento que se presentará ante los ministros cuenta con nueve conceptos de invalidez, y entre ellos hay dos que son clave. Uno, el que establece que el decreto, o acuerdo –como se quiere hacer ver–, vulnera una serie de tratados internacionales que tienen que ver con los procesos de contratación y licitaciones públicas.

Y dos, el punto en el que se solicita la suspensión del acuerdo por considerar que dejar transcurrir el tiempo natural para el desahogo de estos casos ante la Corte, es decir, en dos años o más, ya se habría incurrido en los actos de opacidad que generan un daño a la nación.

La suspensión estaría entonces en manos de una sola persona. Una posibilidad es que caiga en manos de la Comisión de Receso y en ese caso en el escritorio de la ministra Margarita Ríos Farjat o de Yasmín Esquivel Mossa. Ante ese escenario las probabilidades de que se conceda la suspensión son mínimas.

Hay una costumbre en la Corte cuando un ministro se va –en este caso José Franco González– que consiste en que los nuevos expedientes se turnan a la o el entrante, que sería a Loretta Ortiz, de quien tampoco se esperaría que hubiera una suspensión. Otra posibilidad es que quede en manos de otro ministro, o que el Presidente finalmente opte por dar pasos atrás ante la polémica de su decisión.

Un panorama pinta a un México que seguirá velando por que el dinero público y la toma de decisiones en las grandes obras sean fiscalizadas y abiertas a los ciudadanos; y el otro dibuja un país que regresaría a los niveles más oscuros del pasado, cuando aspirar a obtener respuestas del gobierno sobre qué hacen con nuestros recursos era un sueño guajiro.