Tras darse a conocer el número de tomas clandestinas de las que por largo tiempo fueron extraídas las gasolinas que fluyen por el sistema de gasoductos existente en Petróleos Mexicanos, no hay imaginación posible que describa la complicidad de intereses en contubernio, para instalar varios miles de válvulas sobre los gasoductos, sin que el personal de la empresa pudiera no haberse dado cuenta del robo, ni que la dirección de la paraestatal no hubiese captado la alarma por computadora, de los cambios de presión que permanentemente generó la sustracción de los fluidos, sino hasta cuando por instrucciones de López Obrador, Manuel Bartllet Díaz (Comisión Federal de Electricidad) informó sobre la situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad durante la conferencia de prensa presidencial, llevada el pasado 11 de febrero.

En esa ocasión, Manuel Bartllet Díaz dijo que: “Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, José Córdova Montoya -Jefe de la Oficina de la Presidencia- y los ex funcionarios en conflicto de interés: Jesús Reyes Heroles González Garza, Luis Téllez, Carlos Ruiz Sacristán Alfredo Elías Ayub, Jodi Herrera, Georgina Kussel y Alejandro Fleming Kauffman han sido partícipes en el sector energético y lo han hecho por medio de empresas particulares, creándose una combinación entre el sector privado y ex autoridades, lo que generó que la CFE se haya reducido a una empresa que sólo genera el 50% de la energía”.
El problema al que se ha referido Andrés Manuel López Obrador es una cuestión de cultura que data desde la conquista, y que encuentra su mejor expresión en las Cartas de Relación de Hernán Cortés, lo cual requiere de grandes cambios para su atención, desde el sistema educativo y el comportamiento de gobernantes y gobernados. Desde luego, esto no es fácil cambiarse por la propia inclinación instintiva del hombre hacia lo social, que tiene como inimpugnable que todo lo que es necesario envuelve en sí mismo la razón de su existencia, de tal manera que es inconcebible el plano de una circunferencia sin un centro, como tampoco es imaginable el funcionamiento de una sociedad sin la existencia de un poder que la rija y la gobierne.

En este contexto, Manuel Colmeiro escribe que: “El objeto del poder es el bien, su medio el orden, su instrumento la ley, su esencia la justicia. Ved ahí probada la legitimidad del poder”. Sin embargo, en torno a las necesidades comunes de los pueblos, hay que precisar que éstas han variado en el tiempo y en cada lugar, condicionando sus relaciones económicas, el carácter que tiene la propiedad privada en el régimen, dentro de cuyo contexto se manifiestan las cuestiones de la seguridad, el orden y la defensa de las fronteras, teniendo sólo como común denominador el origen y la analogía existente entre la condición jurídica en que los particulares se encuentran, cuando celebran y concluyen contratos civiles en el ejercicio de su libertad de contratación, sujetos al derecho privado, y la coyuntura jurídica que los mismos particulares defienden frente a la administración pública del Estado.

En este lugar, Andrés Manuel López Obrador -más presionado por el hecho de que el sistema político mexicano resultaba ser el fruto de una mezcla de moderación y demagogia, y de educación y engaño del elector-, sin atreverse a ofrecer un partido diverso al de gestión, adujo no poder en el futuro darle a la aplicación de la ley un efecto retroactivo y, en consecuencia, perdonar a sus adversarios, por eso afirmó que conduciría al país hacia su cuarta transformación, sentándola en una nueva moralidad que no es la que describe Manuel Kant , quien sostiene que la filosofía antigua se divide en física, ética y lógica. A esta última le corresponde la forma de las leyes del entendimiento, a la segunda las leyes de los objetos de la naturaleza y a la primera las leyes de la libertad en que cabe la doctrina del derecho, la moral y la esclavitud (Cfr. Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres).

Esta terrible confusión denota una falta de formación doctrinal en Morena que llevó a López Obrador a apelar a la moralidad de los exfuncionarios revelados por Manuel Bartllet Díaz, y que desató el anuncio de la negativa de las corporaciones que hicieron negocios con la CFE a restituir el daño ocasionado en perjuicio del país, tienen como base que el motivo de la omisión o incumplimiento de la ley es indiferente, ya que éstos pueden ser compelidos por el sentimiento del deber de prestar obediencia a la ley, por el temor a la pena, o a la comprensión de que actuar de otro modo sería deshonroso o egoísta. Cuando en realidad, también sucede en el derecho y sus controversias, el comportamiento interno respecto al cálculo o la fijación de las consecuencias de una conducta contraria a la ley, no es sino en ciertos casos, sólo la intención o dolo, y en otros, la negligencia, los cuales son tomados en cuenta como parte fundamental de lo interno en la confección del actuar externo, con motivo de la reacción contra éste.

Alrededor de esa confusión, entre la moralidad y la conciencia y el deber jurídico de cumplir con la ley, Francis Ferrara escribe: “La simulación no es un medio de eludir la ley, sino de ocultar su violación. Por eso se habla de simulación en fraude a la ley: debería decirse simulación ilícita, a no ser que el término fraude se quiera empleaar en el sentido más amplio del daño que contiene en sí el contra legem agere. Para mí, los negocios fraudulentos son negocios reales indirectos, que tienden a conseguir, con la combinación de diversos medios jurídicos seriamente realizados, el mismo resultado que la ley prohíbe, o por lo menos, uno equivalente” (La simulación de los negocios jurídicos. Ediciones Jurídicas).