Durante lustros, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha vendido muy bien el discurso simplista y tendencioso de que todas las Policías son corruptas y sólo los militares son honestos. El presidente, por conveniencia o ignorancia, compró este argumento. Aunque no esté sustentado jurídicamente ni en evidencia, López Obrador sabe que junto con Marina son las instituciones con mayor credibilidad, comparadas a Policías con formación y situación laboral precaria, por lo que le ha resultado muy conveniente mediáticamente, sin importarle que, en los hechos, la población cada día esté más vulnerable frente al poder de criminales impunes.

Ese discurso falaz y torcido se ha podido mantener principalmente por la opacidad con la que se ha manejado la Sedena en este sexenio, tanto en el presupuesto como en los pobres resultado de sus acciones, requisito indispensable para mantener esta narrativa, que choca con la verdadera vocación de la Seguridad Pública y la vocación de las Fuerzas Armadas (FA).

Por esto hay que celebrar la declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte sobre el pase de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena. Los 8 ministros que la aprobaron basaron su determinación con pleno respeto al artículo 21 constitucional, que dice: "la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional". También reconocieron que en los artículos transitorios de la ley de la GN de 2019 quedó establecido que las FA participarían de forma temporal mientras la GN desarrollaba sus capacidades y estructura, más no de forma permanente como pretendían con los cambios ilegales a la misma ley en 2022.

Al declarar que debe ser la GN una institución civil, los ministros también anularon un montón de acciones en su funcionamiento. Entre otras, el titular de la Sedena ya no podrá determinar ninguna acción presupuestal, directiva ni operativa, y los guardias deberán señirse a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta declaratoria de invalidez surtirá efectos el 1ero de enero de 2024, sin embargo, el problema estructural sigue. El secretario de Defensa no permitió que al personal se le formara como policía, sino que mantuvo la formación militar. No extraña entonces que los resultados sean prácticamente inexistentes. Es fundamental pensar seriamente -y no con acciones cortoplacistas- como lograr el objetivo de tener un país con seguridad, justicia y paz, y qué papel debe cumplir la GN, como parte de un sistema de seguridad pública efectivo y defensor del estado de derecho.

También toca tener un proceso colaborativo con las FA para regresar al equilibrio civil militar que mantuvimos durante 80 años y que el Presidente rompió otorgándoles demasía de poder, presupuestos extraordinarios y cientos de responsabilidades.

El enojo del Presidente por la decisión de la Corte era predecible, y como anunció va a meter un cambio constitucional en septiembre de 2024 para que la GN esté bajo el mando de la Sedena. Seguramente no lo logrará, pero su intención no va por ahí, quiere aprovechar la credibilidad de las FA para ponerlas en el centro del debate electoral. La oposición deberá construir un relato creíble y esperanzador de seguridad ciudadana con el apoyo sí de los militares, pero solo de forma temporal, regulada y controlada como marca la ley.

Estemos atentos a lo que ocurre en Palacio y en Sedena. Está por verse si el secretario Sandoval seguirá apoyando el proyecto político de Morena, o si los propios militares después del vergonzoso espectáculo de sus "viajes de terciopelo", se atreverán a exigirle que sea, como siempre lo fue, una institución del Estado mexicano.