Chicago, Illinois. – Parece que finalmente Donald Trump enfrentará a la justicia y lo hará por un caso que nadie hubiera imaginado. Aunque los cargos específicos siguen en secreto, se especula que podría enfrentar decenas de acusaciones por hacer pagos a cambio del silencio de dos mujeres con las que tuvo relaciones sexuales. La querella constituye la primera vez que un ex presidente de Estados Unidos enfrenta cargos por cometer ilícitos.

Sin encontrar la perfección, esta nación se vanaglorió por muchos años en ser un país de leyes hasta que Trump llegó a la escena política. Este personaje deslegitimiza a las voces críticas e independientes que le resultan inconvenientes, y coloca la validez de las leyes "a según" si el resultado le beneficia o perjudica. Con su retórica, las normas y la civilidad política se ausentaron de esta sociedad.

Para los neófitos o perversos que demeritan las razones que llevaron a Trump a esta situación, habría que machacarles que no solo se trata de una transacción privada entre individuos. En su intento por ocultar los pagos por sexo, Trump falseó archivos de negocios para mover recursos. Y en algún momento, este dinero violó las leyes de financiamiento de campañas.

El hombre que articuló estas operaciones fue su abogado de confianza. Michael Cohen se declaró culpable por violar las leyes de financiamiento de campañas por pagar $130,000 y $150,000 a las dos mujeres con quien Trump tuvo relaciones íntimas. Esto le costó 13 meses en prisión y pagar una multa, desde entonces coopera con las autoridades federales.

Violar la ley debe tener un precio, consecuencias, en un país con estado de derecho. No importa quién sea el infractor, una celebridad, un político, un millonario, o un humilde desconocido. La única igualdad que tiene sentido es la que nos deben asegurar las leyes a los ciudadanos.

Algunos aliados del expresidente, como la legisladora Marjorie Taylor Greene, se apresuraron a convocar protestas callejeras en Nueva York, donde se lleva el caso. Nuevamente, con una mayor cultura ciudadana, cualquiera debería desconfiar de quienes llaman a que las evidencias jurídicas se doblen a la presión de mitoteros. En una democracia elegimos representantes al poder legislativo para que renueven, cambien o diseñen nuevas reglas de convivencia. Un país serio no dirime sus diferendos con el chantaje de turbas callejeras.

Como ejemplo adiciona, recordemos que el expresidente Bill Clinton enfrentó un juicio político como consecuencia de una relación que tuvo con una joven que hacía prácticas profesionales en la Casa Blanca. La desgracia no llegó a Clinton porque la mujer le practicó sexo oral en la Oficina Oval, sino porque el entonces mandatario mintió a los estadounidenses al negar esta relación en un mensaje en cadena nacional.

La ley sí es la ley, y debe ser observada por todos, y si las normas son injustas o inadecuadas se deben actualizar por los cauces institucionales que hemos construido como sociedad.

Por otro lado, no olvidemos que Trump enfrenta otras querellas federales y estatales por tratar de alterar el resultado de la elección que perdió con Joe Biden. Estando en el poder, llamó a funcionarios electorales para presionarlos y cambiar los resultados a su favor. Estos hechos deberán ser llevados a la justicia y, en su caso, ser castigados.

A los populistas y demagogos les digo, la ley es lo que nos separa entre el orden constitucional y el caos, y es el elemento que ofrece piso parejo para dirimir conflictos. Aquel que se mofa de las normas, que invita a desconocer las leyes y trivializa su relevancia, es un traidor a sus gobernados y al orden constitucional que prometió observar.