En estos días, animados por sucesos de toda naturaleza, apareció una noticia que merece la mayor atención. Me refiero a la atropellada captura de una jueza de Veracruz, sobre la que pesan diversas imputaciones, internada en prisión y sometida a proceso. El relato agrega que la detenida tenía en su favor una suspensión judicial contra la privación de libertad, suspensión que fue ignorada por sus captores. No conozco los hechos por los que se persigue a la jueza, ni puedo apreciarlos desde la perspectiva penal. ¿Hubo delitos? ¿Ameritan prisión preventiva? No lo sé, ni me interno en especulaciones.

Pero la captura y las circunstancias que rodean este caso requieren estricta ponderación. Entiendo que el Gobierno de Veracruz —siguiendo una conducta bien sabida, plagada de hostilidad— ha defendido la detención y proclamado la responsabilidad de la jueza. Y en la trinchera contraria, algunas agrupaciones de abogados, honrando su condición como defensores de la justicia —no sólo en un caso, sino en todos los que reclamen esa defensa— han elevado enérgicas protestas. Vale impugnar la captura y el proceso, y no menos la prisión preventiva que se impuso a la inculpada: un año, plazo terrible cuando se debe vivir en prisión, bajo duro asedio.

Estamos envueltos —"enredados", sería la palabra— en hechos y noticias de grueso calibre, entre dramáticos y grotescos, que afectan la vida política de la nación. Pero también es verdad que debemos cuidar lo que ocurre en el ámbito de la justicia, que puede ser exactamente lo contrario de lo que implica "hacer justicia". A menudo se agrede a los juzgadores bajo el pretexto de que tenemos una criminalidad desenfrenada —lo cual es cierto: criminalidad sin freno, pese a promesas incumplidas e informes de dudosa credibilidad— que justifica cualquier exceso para remediar la impunidad que prevalece.

La indiferencia en que puede caer una sociedad que descuida la justicia e ignora los desmanes "justicieros" del poder público, puede generar —y está generando— una grave erosión del Estado de Derecho, que es la poderosa garantía que nos abarca y protege. La violenta captura de la jueza de Veracruz, los sucesos posteriores, la apología que de esto han hecho algunas autoridades y la situación en que ahora se halla la inculpada implican un menoscabo del Estado de Derecho. Así lo sugieren las circunstancias, sobre todo si se asocian con hechos de idéntica o similar naturaleza y con la conducta de autoridades que se desentienden de la buena marcha de la justicia o le ponen piedras en el camino.

No podemos ignorar el clima de animadversión hacia la justicia que ha generado el propio presidente de la República, colmando de improperios a los juzgadores y generando animosidad en diversos sectores sociales. En el mismo sentido ha militado el gobernador de Veracruz, a quien debemos acciones hostiles absolutamente intolerables contra el Poder Judicial Federal. Este es el clima, esta es la circunstancia, este es el contexto en el que aparece la captura de la jueza.

No dicto sentencia sobre la veracidad de los hechos atribuidos a ésta, pero sí reclamo —con otros profesionales del Derecho— el procedimiento seguido y desde luego impugno la siembra de odio que constituye, sin duda alguna, el "caldo de cultivo" en el que aparecen y se multiplican atropellos de este carácter.