Hace poco más de veinte años se promulgó la Ley Federal de Transparencia y nació el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, antecesor del actual Inai. Fue el resultado de un esfuerzo colectivo para contar con un organismo encargado de solicitar al gobierno los reportes necesarios para transparentar el uso de los recursos públicos.

La operación de este instituto, crucial en el combate a la corrupción, está actualmente vulnerada. Está pendiente desde hace un año el nombramiento de dos comisionados y el presidente López Obrador vetó recientemente a quienes ocuparían esos asientos. Si para el 1 de abril el asunto no está resuelto, el pleno del Inai no tendrá el quorum necesario para sesionar.

Aun cuando un juez federal dio como plazo tres días para realizar los nombramientos pendientes, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, mencionó el viernes pasado que no hay las condiciones para un acuerdo con los grupos parlamentarios. Todo indica que no se cumplirá con esa resolución. ¿Qué pasará entonces?

La presidenta del Instituto, Blanca Ibarra Cadena, alertó que podría ocurrir una parálisis durante la cual se perderían las facultades para que se cumpla con el derecho de los ciudadanos para acceder a la información. Tampoco podrán protegernos si se vulneran nuestros datos personales: "No podremos resolver las denuncias de incumplimiento a las obligaciones de transparencia, ni las verificaciones en materia de datos personales, ni celebrar convenios o memorandos de entendimiento para desarrollar proyectos."

El problema es que, incluso si los nuevos comisionados fueran nombrados esta semana, habría que esperar a que pasen los diez días que tiene el presidente para decidir si hay un nuevo veto o no.

Por lo pronto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales va a pedir a la Suprema Corte una suspensión que le permita sesionar con sólo cuatro comisionados, así que nuevamente un tema crucial está en manos de los ministros.

Lo que finalmente ocurra con el Inai es de suma importancia. Su función es muy necesaria. Basta decir que, en su informe más reciente, reportó un incremento de casi 17 por ciento en respuestas negativas por parte de las dependencias gubernamentales a dar acceso a la información pública.

Un esfuerzo genuino para combatir a la corrupción no puede hacerse sin una entidad fuerte y autónoma, que impulse la transparencia y obligue a quienes buscan el cobijo de la opacidad a hacer públicos los detalles del manejo del presupuesto y de los datos personales.