Las últimas semanas el escenario nacional ha estado marcado por dos importantes ámbitos que parecieran estar desconectados. Por un lado, tenemos las campañas anticipadas de las denominadas "corcholatas" de Morena, así como las altas y bajas ocurridas en el bloque opositor y, por el otro, una serie de lamentables eventos que dejan de manifiesto lo que será el reto más importante de cara al 2024: la inseguridad y la falta de Estado de derecho.

Las estrategias de los partidos políticos parecen estar enfocadas en la descalificación de los contrincantes y no en la proposición de proyectos constructivos y necesarios para el país. La violencia se ha vuelto tan común que parece haber dejado de ocupar un lugar prioritario en la discusión, incluso de aquellos que aspiran a gobernar este país.

Tan solo en las últimas 72 horas, se dio el asesinato y calcinamiento de Hipólito Mora en Tierra Caliente, Michoacán; también el homicidio del líder del Partido Verde, Jesús González Ríos en Copala, Guerrero; el secuestro de 16 trabajadores de la SSyPC de Chiapas a manos de un grupo armado y la explosión de un coche bomba en Celaya, Guanajuato, que dejó como saldo 4 miembros de la Guardia Nacional en el hospital.

Desafortunadamente, Guanajuato ha encabezado la lista de estados con mayor número de homicidios y violencia desde ya hace varios años, mientras que Guerrero y Michoacán están entre los diez estados con mayor violencia en nuestro país.

En Chiapas, el hecho de que un grupo armado haya secuestrado a 16 trabajadores de la SSyPC y posteriormente haya difundido un video en el que ponen condiciones, amenazan y piden justicia y negociación con la federación, argumentando que es con algunos de los mandos estatales con los que tienen el problema, es inaudito y evidencia la pérdida del Estado de derecho. Dicha situación se puso de manifiesto, igualmente, hace algunas semanas con ataques armados a la población civil y con el reclutamiento forzoso de jóvenes y niños en la frontera sur por parte de los grupos criminales.

Michoacán es un territorio en el que no se ha logrado avanzar en materia de seguridad. Tan solo en lo que va de este sexenio, han ocurrido más de 10 mil asesinatos en esta entidad, sin mencionar las pugnas y ocupación que diversos grupos criminales tienen en la región. Por un lado, los Cárteles Unidos (o la Resistencia) con al menos seis grupúsculos, incluidos los Viagras, el Cártel de Golfo, el de Sinaloa, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y el Cártel de Tepalcatepec y, por el otro, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, cuya influencia en la región continúa en aumento. Michoacán ocupa también uno de los primeros lugares en desplazamiento forzado, donde familias completas huyen de las amenazas del crimen organizado.

El ataque esta semana en contra de dos líderes del Partido Verde, tanto en Copala Guerrero, como en Morelos, muestra también cómo la violencia se ha instalado y va en aumento en todos los ámbitos. Agresiones, amenazas, atentados y asesinatos son cada vez más comunes en el ámbito político electoral. Según Data Cívica, de 2018 a 2022 se registraron más de 1000 actos violentos en contra de personas relacionadas con el ámbito político.

Este tipo de actos violentos suceden porque se puede. El crimen está dispuesto a todo y mientras no haya límites y consecuencias, el escenario solo empeorará. El contexto de inseguridad imperante contrasta enormemente con lo que la clase política está dispuesta a ofrecer a los ciudadanos. La imagen y apariencia ha ocupado el lugar de la razón y la conciencia. Ante este panorama, ojalá que los partidos y aspirantes a la Presidencia tengan más sensibilidad e interés y comiencen a proponer y manifestarse en torno a la seguridad que tanto necesitamos como sociedad.

Experta en seguridad y migración

@EuniceRendon