No deja de sorprenderme el número de víctimas y el monto de los daños materiales que ocasionan los huracanes en esta temporada del año. Recientemente el huracán “Ian” provocó en el estado de Florida, Estados Unidos, más de 100 muertes y un daño económico que puede alcanzar los 65 mil millones de dólares. Pero esto sucede cada año, la diferencia es el lugar donde impactan los huracanes y su intensidad. Como bien sabemos, nuestro país también ha sufrido varias veces los estragos que ocasionan estos fenómenos naturales. 

Es un hecho que las tormentas tropicales se han vuelto más intensas y más frecuentes en nuestra región. De acuerdo con especialistas, el calentamiento del océano es un factor esencial porque las aguas templadas de la superficie del océano son las que alimentan a los huracanes. Lo más increíble es que existen líderes mundiales que niegan este fenómeno, aunque sabemos que el calentamiento de la tierra guarda relación directa con la concentración de gases de efecto invernadero. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas ha registrado el mayor calentamiento en la última década, del 2011 al 2020.  

Como otras naciones, el Estado Mexicano se ha comprometido a realizar diversas acciones para evitar que la temperatura media anual rebase el límite de 1.5 grados centígrados conforme a lo determinado en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y, de esta manera, lograr las metas establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmada por el Gobierno de México el 13 de junio de 1992 y aprobada por unanimidad en el Senado de la República el 3 de diciembre del mismo año, así como el Protocolo de Kyoto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2000, son tratados internacionales que obligan a México a direccionar todos sus recursos disponibles para afrontar los efectos negativos del deterioro ambiental dentro del territorio nacional.  

Sin embargo, es evidente que la política del gobierno federal no está dirigida a cambiar los sistemas energéticos de los combustibles fósiles por energías renovables, como la solar o la eólica. Por ello, se advierte poca efectividad en las acciones dispersas y carentes de coordinación que varias autoridades y representantes de la sociedad civil llevan a cabo para dar cumplimiento a los compromisos internacionales. 

En este contexto, debe reconocerse la “Declaración de Oaxaca” que se construyó el pasado mes de septiembre, en el marco de la Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), auspiciada en la ciudad de Oaxaca por la Auditoría Superior de la Federación. El documento destaca el papel fundamental que tienen las entidades fiscalizadoras para llevar a cabo auditorías para la reducción de riesgos, el ejercicio correcto de los recursos destinados a combatir el cambio climático y, en general, para el fortalecimiento de la rendición de cuentas en los ámbitos de restauración ecológica, planificación y gestión. Por supuesto que los auditores pueden recomendar buenas prácticas y mejores experiencias para reducir el cambio climático. No obstante, se insiste: la falta de coordinación de todos los esfuerzos hace más difícil la tarea.  

Esperemos que el gobierno federal refrende sus compromisos internacionales al participar en la 27a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27) a celebrarse en la ciudad de Sharm el-Sheikh, Egipto, del 6 al 18 de noviembre de este año. Y, sobre todo, que las distintas dependencias del Estado mexicano instrumenten los acuerdos suscritos en el ámbito de sus competencias, pues de no hacerlo nos quedaremos una vez más en un nivel discursivo.  

Por lo pronto la tormenta tropical “Julia”, proveniente del océano Pacifico, provocará lluvias muy fuertes en el sur de nuestro país. Ya hemos sido testigos de auténticos desastres meteorológicos que pueden ser evitados. ¿Cuántos fenómenos más deben impactarnos para hacer algo al respecto?