Los ciudadanos libres que marchamos el domingo 13 de noviembre podemos sentirnos orgullosos de haber defendido a las instituciones democráticas. Gracias a la movilización la intención del gobierno de eliminar de golpe la autonomía del INE fracasó rotundamente. Ganó la democracia y perdió el populismo autoritario.

Sabiéndose derrotado por la movilización, el Presidente organizó su marcha para convencer a sus seguidores de que las cosas van bien. Pero la realidad es que el desfile oficial no fue, en su mayoría, una movilización espontánea de personas libres, sino de gente que acudió bajo amenazas y coacciones. Los ciudadanos que defendemos la democracia hemos tomado consciencia de que, unidos, somos muy poderosos. Indudablemente, el gobierno está a la defensiva, reaccionando a las iniciativas que promueve la sociedad civil organizada. Ya no es el gobierno el que define la agenda en la discusión pública. Ahora somos los ciudadanos los que establecemos los temas de la agenda pública.

La propuesta de realizar una reforma constitucional en materia electoral ha sido retirada de la discusión. Esto fue resultado de la exitosa movilización ciudadana. Sin embargo, ahora se pretende impulsar un Plan B con reformas a leyes secundarias, pero que llevan la misma intención. En otro momento hablaremos del contenido del así llamado Plan B. Por ahora pondremos énfasis en un aspecto crucial. A saber: la elección de consejeros electorales. De acuerdo con la legislación actual, la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, elegirán a los siete integrantes del Comité Técnico Evaluador que calificará a los aspirantes a consejeros electorales. Ese Comité, que se elige por dos terceras partes de los diputados, decidirá quiénes serán los nuevos consejeros. Si el gobierno logra, en los hechos, decidir quiénes serán los miembros de ese Comité Técnico, se ampliará su influencia en la elección de los nuevos consejeros. Este hecho le daría un enorme poder al gobierno para manipular la elección federal del 2024.

El oficialismo tiene hoy el control de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya presidenta ha decidido trabajar no para la ciudadanía, sino para el Jefe del Ejecutivo. Asimismo, tiene mayoría en la Cámara de Diputados y puede influir en las decisiones del Instituto de Transparencia. Si el gobierno manipula estas instituciones, los nombramientos de consejeros estarían en manos de Morena.

Pero lograrlo no será fácil. La mayoría simple en la Cámara baja no le alcanza al gobierno para la designación de los miembros del Comité Técnico. Luego entonces tendría que negociar con la oposición que hoy se encuentra más unida que nunca, gracias al apoyo de la ciudadanía.

Hoy por hoy se ve muy difícil que los diputados de los partidos opositores traicionen la causa ciudadana que se puede sintetizar en el lema: el INE no se toca. No obstante, esta vez a la oposición no le basta con impedir que el Gobierno imponga su voluntad. Sea como sea, en abril del 2023 cuatro de los once consejeros deben ser relevados. Esto sólo será posible por medio de la negociación entre el oficialismo y la oposición. El problema es que no existe esa voluntad en el Gobierno. Hay un peligro grave y latente de que las cosas se puedan empantanar como resultado de la falta de acuerdos. Esto de ninguna manera sería benéfico para la causa de la República, pero podría serlo para la del oficialismo.

El antídoto sigue siendo la movilización y presión ciudadana. Pero esta vez se necesita interpelar a la sociedad en general para hacerla consciente de quién estaría impidiendo el avance del proceso de designación de los nuevos consejeros.

Para ello se necesitará de nuevas estrategias de comunicación efectiva con la sociedad en general. Afortunadamente, esto ya se está discutiendo entre las organizaciones de la sociedad civil. Yo estoy seguro de que estaremos listos para enfrentar este desafío.

Twitter: @gdehoyoswalther